La Corte Constitucional decidió declarar la urgencia nacional para estudiar el reciente presupuesto que se aprobó en el Congreso, específicamente el punto que suspendió los efectos de la ‘Ley de Garantías’.
Esta norma permitió que se pudieran suscribir convenios interadministrativos entre el Gobierno nacional y los municipios en plena época electoral, con el fin de no frenar el crecimiento y la reactivación económica en medio de la pandemia.
Sin embargo, para algunos sectores políticos, esto podría prestarse para temas de corrupción, razón por la cual se presentaron ante el alto tribunal 42 demandas de inconstitucionalidad.
Desde los partidos de gobierno esperan que los magistrados tomen una decisión en derecho y no tumben la suspensión de la Ley de Garantías. No obstante, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, afirmó que en caso de que ello suceda, no se afectarían los convenios y contratos que ya se suscribieron con los entes territoriales.
“Llegado el caso de que la Corte Constitucional tumbara el artículo que suspendió un artículo de la Ley de Garantías, no tendría efectos retroactivos, además de que inconstitucional y legal no podría serlo”, señaló.
“Esperamos un pronunciamiento en derecho, un pronunciamiento muy claro para que podamos dejar un antecedente al respecto sobre equilibrar la cancha en etapa preelectoral”, añadió.
Sin embargo, el representante a la Cámara José Daniel López, uno de los autores de estas demandas, afirmó que establecer una suspensión de la ‘Ley de Garantías’ a través del proyecto de presupuesto no es viable, porque no existe unidad de materia entre los dos temas.
Además, advierte que “se reformó una ley estatutaria (de mayor jerarquía, que desarrolla derechos fundamentales), a través de una ley ordinaria”.
La oposición indicó que las leyes estatutarias deben ser tramitadas en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara y no en las económicas, que es dónde se debate todos los años el Presupuesto General de la Nación.
