El gobierno boliviano denunció el viernes que la detenida expareja del presidente Evo Morales usaba como carta de presentación ante empresarios la partida de nacimiento del hijo de ambos, en su condición de gerente comercial de la firma china que representaba.
“Hay pruebas que con ese certificado (de nacimiento) se presentaba ante empresarios en Santa Cruz, en La Paz también, y (en) algunas empresas estatales”, afirmó en diálogo con periodistas el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien en los últimos días asumió la vocería de esta polémica que ha golpeado la imagen del gobernante.
El escándalo se desató a principios de febrero, cuando el periodista Carlos Valverde reveló que Morales y su expareja, Gabriela Zapata, tuvieron un hijo, hace ocho o nueve años, cuando la relación se terminó, según el mandatario.
Valverde también reveló que Zapata, hasta hace poco gerente comercial de la firma china CAMC, alegó cercanía con el mandatario para lograr contratos con el gobierno por unos 560 millones de dólares.
Poco después la fiscalía ordenó la detención de Zapata por enriquecimiento y legitimación de ganancias ilícitas, al tiempo que la oposición denunció que la mujer incurrió en tráfico de influencias.
Tras confirmar la relación, Morales dijo que el infante había fallecido al poco de nacer, según citó palabras de Zapata. Sin embargo, días después familiares de la mujer aseguraron que el niño está vivo.
Para el ministro Ferreira “se prueba contundentemente el uso indebido de influencias que ella utilizaba, aduciendo un falso relacionamiento con el presidente”.
El responsable insistió en la versión oficial de que el infante falleció, aunque familiares de Zapata dicen que ella está dispuesta a presentarlo de manera pública.
La polémica, con gran impacto en las redes sociales, echó por el suelo las aspiraciones de Morales para postular a un cuarto mandato consecutivo, luego de perder el 21 de febrero un referendo con el que buscaba una reforma constitucional que lo habilitara a ser candidato.
Una comisión del Congreso ya dio los primeros pasos para indagar los nueve contratos de la firma china CAMC con el gobierno boliviano, la gobernación de La Paz y la estatal petrolera YPFB.
Por: AFP
