Los homicidios y las amenazas contra los defensores de derechos humanos en Colombia alcanzaron en 2021 «niveles alarmantes», en tanto que los desplazamientos en zonas de conflicto también aumentaron afectando principalmente a indígenas y población afrodescendiente.
Así lo aseguró Amnistía Internacional (AI) en el informe «La situación de los derechos humanos en el mundo» en el que reseña que en Colombia los homicidios y amenazas contra defensores de DDHH fueron muy altos.
El documento cita que, según la ONG Programa Somos Defensores, entre enero y septiembre del año pasado «se registraron 501 amenazas, 86 homicidios y 72 intentos de homicidio contra personas defensoras de los derechos humanos».
Debido a los altos índices de violencia, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió 180 denuncias de crímenes de este tipo de líderes de los cuales confirmó 67.
De otro lado, el documento hizo referencia a que durante el paro nacional del 2021, hubo «uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las autoridades».
Recordó que entre el 28 de abril y el 30 de junio «murieron 84 personas en el marco de las protestas contra la política social y económica del Gobierno colombiano, 1.790 resultaron heridas, y 298 defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques. Entre las personas heridas, 103 sufrieron traumatismos oculares».
A raíz de esas situaciones, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó en junio de ese año «su profunda preocupación por las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Colombia».
Un informe de su oficina, publicado en diciembre, afirmó que verificó la muerte de 46 personas, 44 civiles y dos policías, durante las protestas -principalmente en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas- así como 60 denuncias de violencia sexual.
De esas denuncias, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos verificó 16 casos de violencia sexual presuntamente cometida por miembros de la Policía.
Otro de los temas abordados en el archivo fue el del conflicto armado en el que de acuerdo a la ONU: «60.751 personas fueron desplazadas forzosamente, principalmente en los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander».
Además, otras 50.969 tuvieron que permanecer cn confinamiento sin tener acceso libre a alimentos, agua potable y servicios básicos a causa del conflicto armado.
