La excongresista Aida Merlano aseguró que es evidente que el Gobierno de Colombia no tiene ningún interés en lograr su extradición. Prueba de esto es que la solicitud formal fue presentada ante Juan Guaidó.
Considera que esta actuación es un total «absurdo» puesto que este tipo de trámites debe ser presentado ante el Gobierno de Nicolás Maduro.
«Es un absurdo político y diplomático pedir mi extradición a Juan Guaidó», precisó Merlano en entrevista a la Revista Semana.
«Si ellos deseara que yo sea extraditada a Colombia (…) Ellos le hubieran pedido mi extradición al presidente legal, legítimo, y es Nicolás Maduro, no Juan Guaidó», manifestó.
En la entrevista, la exrepresentante a la Cámara por el departamento del Atlántico aseguró que en ningún momento ha recibido un trato preferencial de las autoridades venezolanas ni ha sido presionada para acusar al presidente Iván Duque.
Reseñó que la solicitud radicada la semana pasada por la Cancillería no tiene razón de ser. “Podría decirte que si es como mi abuelita viniera a acompañarme a esta entrevista”.
Merlano aseguró que hasta el momento no se ha reunido con el presidente Nicolás Maduro, “no sé si tenga el interés de hacerlo”, rechazando las notas periodísticas en las que se asegura que ella goza de privilegios en su lugar de reclusión en Caracas.
«Quizás, para mis enemigos, ellos quisieran que yo les diera una respuesta diciéndoles que estoy en unas condiciones deprimentes, deplorables (…) Pero si me preguntas si estoy en condiciones preferenciales o distintas a las personas que están recluidas en el lugar donde yo me encuentro, no es cierto», manifestó.
Reveló que desde que fue capturada en Maracaibo ha recibido un trato digno por parte de las autoridades del vecino país pero en ningún momento se le han dado beneficios. «Hace dos días fui transferida a una nueva celda que no tiene aún las condiciones en las que yo me encontraba en la cárcel El Buen Pastor.»
Merlano no descarta pedir un asilo político al Gobierno de Venezuela, pero primero quiere gastar todos los recursos judiciales ante los organismos internacionales para que se le respete el derecho al debido proceso y se verifiquen las pruebas aportadas por su defensa sobre la manipulación en el allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla.
