El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, presentó un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional de Cabo Verde contra su extradición a Estados Unidos, que avala el Gobierno del país africano, según explicó a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
Esta diligencia procesal, interpuesta ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), busca colocar los derechos de Saab bajo la protección de la Constitución de la República de Cabo Verde.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (la más importante de este país insular de África occidental), en respuesta a una petición de EEUU cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
El recurso de amparo constitucional, que protege a los perseguidos por la Justicia caboverdiana independientemente de su ciudadanía, se basa en las denegaciones de dos demandas de «habeas corpus» (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse) presentadas este junio por el empresario en este país.
Las solicitudes de «habeas corpus» fueron desestimadas al principio por el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), y luego por el STJ, con sede en Praia, la capital caboverdiana.
«Presentamos (en el recurso de amparo) varios argumentos, a saber: la inconstitucionalidad de la Ley de Cooperación Judicial en la que se basó la decisión de arrestar al señor Álex Saab en Cabo Verde, la privación del derecho a la libertad por una simple decisión administrativa y la ilegalidad del cumplimiento de las solicitudes de Interpol por parte de la Policía Judicial de Cabo Verde», explicó Pinto a Efe en Praia.
El abogado esgrimió que «los actos constitutivos y de adhesión de Cabo Verde a Interpol, así como las reglamentaciones respectivas, nunca fueron aprobados por el Gobierno ni publicados en el ‘Boletín Oficial (del Estado)‘», por lo que la detención de Saab «es ilegal».
El recurso de amparo constitucional corre paralelo a la impugnación presentada ante el Tribunal de Apelación de Barlavento contra la decisión del Gobierno de autorizar la extradición, si bien la decisión final corresponde a esa corte de justicia.
Pinto adelantó que se interpondrá también «un recurso contencioso contra el acto de la ministra de Justicia de Cabo Verde» que avaló la extradición.
Tras la detención del empresario, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde para regresar al país.
La defensa sostiene que Saab «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».
Para lograr sus objetivos, el supuesto testaferro ha contratado a un amplio equipo de abogados que incluye a reconocidos especialistas internacionales, como el exjuez español Baltasar Garzón.
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
