En sesión extraordinaria, este lunes la Cámara de Representantes con 103 votos a favor y 22 por el «No», aprobó en tercer debate el proyecto de ley de seguridad ciudadana impulsado por el gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior, Daniel Palacios; el ministro de Defensa, Diego Molano y el ministro de Justicia, Wilson Ruíz.
La iniciativa busca regular el uso de armas y dispositivos menos letales, así como modificar el Código Penal, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En ese sentido, pretende endurecer las sanciones en materia de penas para hurtos, lesiones personales, el daño a bien ajeno, homicidio, fortaleciendo las medidas de aseguramiento en el código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas.
El representante a la Cámara Juan Manuel Daza, uno de los autores y ponentes de este proyecto, aseguró que “la seguridad empezamos a corregirla cuando los ciudadanos de bien se pueden defender. Porque eso disuade al criminal que hoy está empoderado. Aquí no estamos criminalizando ninguna protesta”, dijo.
Explicó además que “quienes cometan delitos van a ir presos bajo un procedimiento rápido y ya no tendrán la excusa donde siempre salían libres y donde el ciudadano veía cómo no se hacía justicia. Este es un mensaje claro a la delincuencia, se les acabó el jueguito de andar violentando a la ciudadanía y que no pasara nada”.
El ministro del Interior Daniel Palacios, por su parte indicó que esta iniciativa aumenta las penas para conductas como el hurto y evita que quienes hayan cometido acciones delictivas, queden en libertad, además plantea cambios para combatir el hurto en todas sus modalidades, que hoy es un delito excarcelable si lo que fue hurtado es menor a ocho millones de pesos.
“Este proyecto traerá la sanción de reincidencia para quien haya sido condenado a un delito como agravante en los cinco años anteriores o para quien haya cometido ese delito con el porte de un arma blanca (…) el proyecto de ley impone penas más severas para quienes destruyan bienes públicos o interrumpan las acciones legítimas de la fuerza pública.
Reparos de la oposición a la iniciativa
En medio de la discusión, congresistas de oposición como el representante Inti Asprilla, Juanita Goebertus, María José Pizarro, Mauricio Toro, Katherine Miranda, David Racero, León Fredy Muñoz y Fabian Díaz advirtieron que el proyecto criminaliza la protesta social.
“Este es un típico proyecto de populismo punitivo” que pretende aumentar penas, lo cual no disuade la comisión de delitos, y que criminaliza la protesta social. Lo que vimos como una explosión social es percibido por el Gobierno como una turba de vándalos, no hay una distinción entre personas que están legítimamente manifestándose y personas que cometieron hechos graves de violencia y que tienen que ser procesados”, dijo la representante Juanita Goebertus.
«Con la aprobación este proyecto de ley, estamos retrocediendo cuarenta años y reviviendo el régimen penal que se estableció mediante la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (…) Crea delitos innecesarios y penas desproporcionadas, que NO previenen los delitos, es decir más miedo con el discurso de seguridad. Entre ellas al movimiento indígena en su proceso de liberación de la madre tierra y a los desposeídos, NO a terratenientes que invaden baldíos», puntualizó la representante María José Pizarro.
Finalmente, la representante Katherine Miranda manifestó que “la ley de “seguridad ciudadana” de este nefasto gobierno: Criminaliza la protesta social, crea delitos y aumento penas, permite el uso indiscriminado de las armas por parte de los ciudadanos. ¡Le abre la puerta al paramilitarismo en pleno diciembre y de espaldas al país!”.
