El Proyecto de Ley No. 174 de 2023 del Senado, aprobado en su último debate, busca proteger a los ciudadanos más vulnerables y promover una competencia justa en el sector financiero, brindando alternativas seguras y accesibles para todos.
La senadora ponente, Sonia Bernal Sánchez, indicó que “este proyecto busca fortalecer instituciones que robustecen la economía popular y solidaria, ampliando el rango de establecimientos de crédito permitidos para que puedan ofrecer sus productos financieros a entidades territoriales y descentralizadas”.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre 2019 y 2021, los préstamos «gota a gota» aumentaron del 13% al 24%, mientras que los préstamos de instituciones financieras formales disminuyeron del 72% al 52%. Esta tendencia refleja las dificultades que enfrentan vendedores ambulantes, amas de casa, transportistas y pequeños comerciantes para acceder a créditos formales, empujándolos hacia préstamos informales que no están regulados y que a menudo están controlados por estructuras criminales.
El proyecto de ley permite que cualquier entidad financiera, entre ellas las cooperativas, pueda ofrecer sus servicios y recibir los excedentes de liquidez de las entidades territoriales y descentralizadas del orden territorial. Esto no solo ampliará las opciones de financiamiento para estas entidades, sino que también proporcionará productos financieros accesibles a la población vulnerable, evitando que recurran a los peligrosos préstamos informales.
Sobre el particular, el representante a la Cámara y autor del proyecto, Alejandro Toro, destacó que “con la aprobación de este proyecto se cumple con el principio constitucional de libre competencia pero lo más importante es que al inyectar más recursos al sector cooperativo, que presta principalmente a los estratos bajos, estamos atacando directamente el denominado gota a gota”.
La implementación de esta ley tendrá como fin promover un entorno de igualdad y competencia justa en el sector financiero, beneficiando tanto a las entidades de crédito no bancarias como a las personas de escasos recursos. Además, este proyecto no generará costos fiscales adicionales, lo que asegura su viabilidad económica.
