La Fiscalía General se inhibió de abrirle investigación formal al ganadero Santiago Uribe Vélez por supuestamente promocionar la creación del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que delinquió en los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis (Antioquia).
Tras resolver una compulsa de copias hecha en 2017 por el Tribunal Superior de Medellín, el ente investigador determinó que no existían pruebas suficientes que permitieran vincular al ganadero con la conformación de este grupo armado ilegal.
El fiscal 128 delegado ante los jueces penales del circuito especializado determinó que tras revisar una serie de documentos no se pudo evidenciar que Uribe Vélez se hubiera reunido con los integrantes de este grupo armado ilegal.
«No se estableció que el señor Santiago Uribe Vélez se hubiese reunido con integrantes de esa organización ilegal, ni que se hubiese concertado con estos para acordar una suma de dinero a manera de contribución. No fue posible establecer que este solicitara algún tipo de protección ni que ejecutara una conducta una conducta que contraviniera el orden punitivo», indica uno de los apartes del documento de 32 páginas.
Tras hacer una revisión de los testimonios recolectados por el Tribunal Superior, y que fueron la base de la compulsa de copias, la Fiscalía General encontró que no se encontró inferencia razonable que permitiera reconocer si en efecto Uribe Vélez financió o apoyó la conformación del Bloque Suoreste.
«(…) no está claro si este aportó o no. Si tomamos su versión y lo contrastamos con los testimonios de los representantes legales y administradores de plantas de ladrillo en este sector, veremos que todos ellos y de forma unísona han sostenido que nunca se les solicitaron dineros ni a esas empresas se presentaron sujetos representantes de ese grupo paramilitar», indica la decisión.
Santiago Uribe Vélez actualmente enfrenta un juicio penal por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar de ‘Los 12 Apóstoles’ conformado en Yarumal (Antioquia).
En este proceso penal tanto la Fiscalía y la Procuraduría General han solicitado que se emita un fallo condenatorio.
