En su relato, la ingeniera venezolana Alejandra Pérez dijo a Blu Radio que para estas fechas se devolvió desde Argentina, país al que emigró, pero tuvo que hacerlo apelando a uno de los pasos ilegales.
Según ella, la razón es la dificultad que representan las restricciones que hay en su país por el COVID-19, pero también menciona la imposibilidad de llegar de Caracas a Mérida por tierra, debido a la inseguridad y la crisis de la gasolina.
Por ende viajó de Buenos Aires a Santiago de Chile y luego a Bogtá y a Cúcuta, de donde la guiaron hacia una trocha a 50 minutos de camino. Pagó 400.000 pesos colombianos a un guía para que la ayudara a cruzar.
Aunque asegura que eso le facilitó mucho las cosas, pues dio con una buena persona, pero le sorprendió la cantidad de personas que sacan provecho de las personas que cruzan, pero no solo los grupos ilegales ni las personas que simplemente piden una tarifa para permitirles cruzar por sus propiedades, sino también autoridades corruptas.
Pérez dice que “le iban dando a cada uno” y que entre más cosas se llevan, más cobran, y eso lo entendió al llevar una maleta grande, que revisaban constantemente.
La mujer ahora deberá enfrentar el mismo viacrucis para volver a Argentina. “Estoy aterrada, y eso que mi situación fue muy tranquila“, reconoce. Y es que para ella lo que sucede es un círculo vicioso difícil de romper:
“Es imposible que vuelvan a abrir la frontera por el dinero que hacen. (…) Esto no se va a acabar porque muchas personas están teniendo ganancias o beneficio de esto”, concluye.
Por: Pulzo
Fuente: Blu Radio
