La crisis política en Venezuela ha alcanzado un nuevo nivel de represión con la detención de María Oropeza, coordinadora de Vente, el partido de la líder opositora María Corina Machado, en el estado Portuguesa. Oropeza, quien logró transmitir en vivo su propia detención a través de Instagram, se suma a una larga lista de personas arrestadas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente en medio de graves denuncias de fraude.
La noche del martes, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la casa de Oropeza tras golpear la puerta hasta romper la cerradura. Sin órdenes judiciales y con una violencia inédita, forcejearon con ella para quitarle el teléfono con el que grababa el allanamiento. “Entraron como delincuentes, sin orden alguna, y me llevaron por la fuerza mientras transmitía”, relató Oropeza antes de que la transmisión se fuera a negro, dejando a casi 8.000 personas conectadas en estado de shock mientras los emojis de llanto se multiplicaban en la pantalla.
Este caso no es un hecho aislado, sino parte de una ola de represión que, según el Foro Penal, ha resultado en 1.152 detenciones en los 10 días posteriores a los comicios. La violencia con la que se ha desatado la persecución política en Venezuela no tiene precedentes en la región. “La represión que se ha desatado en Venezuela afecta fundamentalmente a los sectores populares de todo el país. Por lo menos, el 80% de las personas que han sido detenidas y que son calificadas como terroristas pertenecen a sectores humildes que salieron a levantar la voz frente al fraude”, señala Marino Alvarado, activista de larga trayectoria en Venezuela y miembro de Provea.
Alvarado subraya que la magnitud de la represión en Venezuela no tiene parangón en América Latina desde los tiempos de Augusto Pinochet. “En América Latina, desde los tiempos de Augusto Pinochet, no se había dado una razzia represiva de tal magnitud como la corrida en Venezuela, que dejó no solo miles de detenidos, sino 23 personas asesinadas tanto por la fuerza pública como por los grupos paramilitares pro Gobierno”, asegura Alvarado, quien también advierte que estas acciones solo amplían el expediente del Gobierno de Maduro en la Corte Penal Internacional.
Las oficinas del Foro Penal en Caracas están desbordadas de familiares en busca de ayuda. Alfredo Romero, uno de sus directores, ha intentado establecer un patrón en las actuaciones de las fuerzas de seguridad. El mayor número de detenidos ha sido resultado de detenciones masivas durante las protestas del día siguiente a las elecciones. “Se ve claramente un patrón de detener a muchas personas para crear un efecto intimidatorio”, afirmó Romero para el Diario El País de España.
Entre los detenidos se encuentran personas que no participaban en las movilizaciones, pero que se encontraban cerca. Es el caso de la futbolista María Valentina Méndez, de 24 años, quien fue arrestada mientras se dirigía a un entrenamiento, y de un hombre con discapacidad auditiva que no ha podido comunicarse en el lugar donde está detenido. Dentro de este grupo también se ha confirmado la detención de 101 adolescentes, a quienes, al igual que a la mayoría de los encarcelados, se les ha imputado por terrorismo, instigación al odio y asociación para delinquir. Carlos Trapani, abogado en derechos de las infancias, advierte que “no hay posición oficial sobre los adolescentes y el silencio del Estado sobre estos casos es un dato en sí mismo”.
Además de estos grupos, las fuerzas de seguridad de Maduro han focalizado sus esfuerzos en detener selectivamente a personas que fueron testigos durante las elecciones, opositores políticos, y activistas de derechos humanos. Romero menciona la detención de Freddy Superlano, exdiputado de Voluntad Popular, y otros dirigentes políticos y familiares, como el hijo del dirigente político del estado Carabobo Enzo Scarano.
Las condiciones de reclusión también son motivo de gran preocupación. Los detenidos han sido trasladados a prisiones en las afueras de Caracas, como la Cárcel de Yare 3, mientras que las mujeres están siendo llevadas a prisiones femeninas en Los Teques. Maduro ha anunciado la remodelación de cárceles en el centro del país para albergar a los detenidos, afirmando que “todos los criminales fascistas se van para Tocorón y Tocuyito, a cárceles de máxima seguridad para que paguen sus crímenes ante el pueblo”.
Mientras tanto, las familias de los detenidos enfrentan grandes dificultades para atender a sus seres queridos. “Se está sometiendo a familias que son muy pobres a tener que recorrer kilómetros para poder atender las necesidades de las personas detenidas sin que puedan visitar a los presos”, denuncia Alvarado. En este clima de miedo y represión, el caso de María Oropeza y los cientos de detenidos reflejan una situación de derechos humanos que ha escalado a niveles alarmantes en Venezuela.
Fuente: Sistema Integrado de Información – RCN Radio – Juan Camilo Cely
