El presidente Iván Duque le pidió a la canciller Claudia Blum, que en los próximos días viaje a Europa para que dé a conocer un informe sobre lo que está pasando en el país, en medio del paro nacional. Una de las visitas clave será ante la alta Comisionada de las Naciones Unidas, para los Derechos Humanos, Michel Bachelet.
La visita se da en medio de tensiones con la ONU y la Unión Europea por el rechazo a los hechos de violencia que se han presentado en el país, durante las protestas que comenzaron el 28 de abril y que de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la ONG Temblores, 47 personas han sido asesinadas desde que inició el Paro Nacional.
Los informes señalan que 39 de los casos se dieron por violencia policial. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, investiga la muerte de 24 personas.
Aunque el Gobierno Nacional no ha confirmado la visita ni los países a los que irá la Canciller, se plantea la posibilidad de que viaje a Bruselas, Madrid, Ginebra y La Haya, y se contemplan reuniones con la Unión Europea y el Gobierno de España, para contar la situación que atraviesa el país, así como la respuesta del Gobierno para atender la crisis.
En los últimos días, la Cancillería envió una carta a la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que se refiere a pronunciamientos realizados desde esa oficina frente a los hechos de violencia en medio de las manifestaciones, específicamente, en la ciudad de Cali.
Allí, Adriana Mejía Hernández, viceministra de Asuntos Multilaterales, quien firma el documento de cinco páginas, señala que, «Colombia reconoce el derecho a la protesta pacífica como legitimo (…) En consecuencia, ha habido un esfuerzo conjunto por parte de la institucionalidad colombiana, para garantizar este derecho, lo que queda evidenciado tras seis días consecutivos de protestas y manifestaciones públicas, a lo largo y ancho del territorio nacional”.
También mencionan que «el Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada, en relación con presuntas muertes y amenazas ocurridas en Cali, y lamenta profundamente que la Oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, ni con fuentes oficiales, ni con sus propias observaciones, las graves acusaciones que el mismo contiene».
Apuntó que «al proceder de esa manera, se vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la Oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia del mandato que permite la presencia de la Oficina en Colombia”.
