Estas capturas hacen parte de la estrategia que busca garantizar y promover la transparencia en las elecciones territoriales.
Las autoridades de policía judicial capturaron al alcalde del municipio de El Paso (Cesar), Hidalfo Rafael De La Cruz Ortiz, y a su esposa, Neyruth Diurbis Murgas Fuentes, por presuntamente corromper y presionar a los electores para favorecer a un integrante de su familia que aspira a la alcaldía de dicho municipio.
Las pruebas recolectadas indican que el alcalde habría despedido a cuatro de sus funcionarios por no apoyar al candidato de su elección.
También se estableció que este alcalde trasladó empleados, negoció votos a cambio de la vinculación laboral y advirtió a contratistas de que no renovaría algunos convenios si no apoyaban en las votaciones a su tío.
Asimismo, se cuenta con pruebas de presuntos ofrecimientos de más de dos millones de pesos para la compra de votos.
En desarrollo de la investigación se estableció que la señora Murgas Fuentes, presuntamente, elaboró un sondeo de votantes en el hospital del municipio, de tal manera que quien no favorecía sus intereses en las elecciones podría perder su cargo.
La Fiscalía también evidenció que otra de las modalidades correspondió a la vinculación y desvinculación de adultos mayores a un programa social.
Los investigadores tienen documentadas algunas reuniones en las que advertía a contratistas de la entidad que debía apoyar a su candidato e, incluso, denunciaron que fueron obligados a hacer trabajo político, so pena de ser despedidos.
La Fiscalía imputará cargos por los delitos de corrupción al sufragrante y constreñimiento de sufragrante.
De otra parte, fueron capturados los dos únicos candidatos a la alcaldía de El Rosario (Nariño), Lauro Nel Arturo Guerrero (Partido Conservador) y Alberto Folleco Eraso (Partido Cambio Radical).
Se les señala de presuntamente ofrecer dineros a sus electorales, siempre y cuando se comprometieran a dar votar a su favor, para lo cual debían trasladarse de un municipio diferente al de su residencia.
El fiscal de conocimiento estableció que los dos candidatos contrataban buses de servicio público para el traslado de los electores desde diferentes ciudades del país, con el fin de que realizaran la inscripción de sus cédulas en la sede de la Registraduría del municipio de El Rosario (Nariño), a pesar de no haber nacido, habitar, tener negocios, asiento, profesión u oficio en dicha localidad.
Los investigadores establecieron que el precio del voto oscilaba entre 50.000 y 500.000 pesos, los cuales serían entregados después de que cada uno votara. También está documentado en el expediente que ofrecieron materiales de construcción, tales como tejas de zinc, tubos, cemento y ladrillos a cambio del voto.
De igual forma, habrían comprometido contratos y recursos de la administración, los cuales serían entregados una vez fueran electos. En este caso se le imputarán cargos por el delito de corrupción al sufragante.
