La situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe entra en un limbo un mes después de que se ordenara su detención domiciliaria tras la decisión del fiscal encargado del caso de denegarle la libertad pedida por su defensa.
La Fiscalía General denegó el viernes la solicitud de libertad inmediata para Uribe, quien está detenido por un caso de supuesto soborno de testigos y fraude procesal, toda vez que encontró que ese tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías.
Caso en suspenso
A juicio del director de derecho penal de la Universidad Javeriana, José Fernando Mestre, en el caso del exmandatario sí debería proceder la libertad, aunque no cree que el camino para ello sea el que planteó la defensa del expresidente.
El penalista coincide, como lo determinó la Fiscalía, en que esa decisión le corresponde a un juez de control de garantías y no directamente al ente investigador.
La Fiscalía comunicó ayer que «evidenció que el asunto materia de investigación debe seguirse exclusivamente dentro de los parámetros de la Ley 906 de 2004, Sistema Penal Acusatorio, porque hace referencia a hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2018″, como pidió la defensa.
El pasado miércoles el abogado de Uribe, Jaime Granados, había dicho que el caso no podía seguir bajo la Ley 600 del año 2000, basada en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, sino que debía manejarse según la Ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio.
En ese sistema, la audiencia de formulación de imputación es requisito para que pueda imponerse una medida de privación de la libertad, pero como «no hay audiencia de formulación contra Álvaro Uribe todavía, es necesario revocar la medida de aseguramiento» que ordenó la Corte Suprema de Justicia hace un mes, explicó Mestre.
Independencia de poderes
Conceder o no la libertad inmediata del expresidente era una de las decisiones más esperadas en el país desde que la Corte Suprema, que llevó el caso hasta esta semana, entregó el expediente a la Fiscalía luego de que Uribe renunció al escaño que ocupó desde 2014 en el Senado.
Bajo la interpretación de algunos juristas, la decisión que tomará el fiscal general, Francisco Barbosa, cercano al presidente Iván Duque y a Uribe, determinará qué tan independiente será la Fiscalía en el caso.
«El fiscal general está regido por la ley y desde ese punto de vista no creo que vaya a tomar decisiones ilegales simplemente por sus ideologías políticas. El tema no es cuál es su tendencia política, sino si es una persona que cumple o no la ley», explicó Mestre.
Para el penalista, la tormenta que se formó sobre el papel del fiscal, recusado por la contraparte del caso, el senador de izquierdas Iván Cepeda, es producto de la «polarización» del país y la «escasa fuerza de las instituciones» porque la gente no cree que el fiscal general o cualquier otra autoridad cumpla la ley.
Petición improcedente
El proceso del expresidente fue asignado el jueves a Gabriel Jaimes Durán como fiscal especial y aunque para algunos sectores la decisión que tomó sobre la libertad de Uribe fue un grito de independencia con el Gobierno actual, para otros el fiscal solamente desestimó la solicitud de la defensa, que consideran a todas luces improcedente.
«La Fiscalía General simplemente no es competente. Sin embargo, aprovechan esto para presentarlo como un acto de independencia del fiscal Jaimes que ciertamente no ha sido, no es y no será independiente», cuestionó el periodista Daniel Coronell en sus redes sociales.
Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, pero el magistrado instructor del caso archivó la causa contra el congresista y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
El senador Cepeda anunció ayer que llevará a instancias internacionales su denuncia de «presiones» a la Justicia por parte de Uribe, y dijo que enviará a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que sustenta sus acusaciones.
Lo que sigue
La defensa del expresidente podrá solicitar ahora una audiencia para que un juez decida si deja o no sin efecto la detención domiciliaria de Uribe, pero por este camino la solicitud podría tardar incluso semanas en resolverse.
Por su parte, la Fiscalía anunció ayer que la «complejidad de la investigación y la dispendiosa documentación del expediente exigirá que en los próximos días se haga un estudio del caso para definir un método de tránsito entre los dos sistemas procesales», el de la Ley 906 de 2004 y la Ley 600 del año 2000.
Esa decisión será crucial porque definirá desde qué punto del proceso el ente asumirá la investigación o si empieza desde cero. En todo caso, sin importar los caminos que decidan seguir los abogados de Uribe todavía hay varios escenarios por explorar que determinarán si el expresidente podrá asumir su defensa en libertad o no.
