La Corte Internacional de Justicia (CIJ) solicitó a Colombia y Nicaragua presentar, en la próxima sesión oral sobre la plataforma continental en la costa del mar Caribe, solo sus argumentos sobre los criterios definidos por el derecho para determinar la delimitación del mar territorial más allá de las 200 millas náuticas de un país.
Nicaragua pidió a la CIJ que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés «se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana».
La CIJ les pide dedicar el próximo juicio oral a presentar sus argumentos exclusivamente en relación con dos cuestiones del derecho internacional consuetudinario «antes de proceder a cualquier consideración de cuestiones técnicas y científicas» del caso sobre la delimitación de la plataforma continental, ubicada a más de 200 millas náuticas de la costa nicaragüense.
Entre otras cosas, la CIJ les solicita sus alegatos sobre si (según el derecho internacional consuetudinario) puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa extenderse dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado.
Además, insta a Colombia y Nicaragua a aclarar los criterios que recoge el derecho internacional consuetudinario para determinar el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas de «las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial».
Todavía no se han anunciado las fechas para la próxima sesión oral del caso.
Managua quiere que la CIJ establezca la delimitación y las reglas del Derecho Internacional que se deben aplicar sobre una plataforma continental situada a más de 200 millas náuticas de su costa.
Para Bogotá, la plataforma continental de las Islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se extiende hacia oriente en 200 millas náuticas, se une de forma incuestionable con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana, razón por la que consideró que La Haya no tenía competencia para tratar la controversia.
Sin embargo, el tribunal le dio la razón a Nicaragua en 2016 y se declaró competente para juzgar este caso, lo que provocó el rechazo de Colombia, cuyo Gobierno declaró que los asuntos entre ambos Estados deben resolverse mediante relaciones bilaterales.
Pese a la oposición inicial colombiana, finalmente la cuestión de jurisdicción quedó resuelta y ahora el tribunal definirá un calendario para escuchar la demanda.
