El Consejo de Estado ordenó práctica de pruebas presentadas en la demanda que pide la “muerte política” del expresidente del Senado.
RCN Radio conoció el auto de cuatro páginas por medio del cual el Consejo de Estado ordenó la práctica de pruebas dentro de la demanda de pérdida de investidura presentada contra el senador Ernesto Macías Tovar por presunto conflicto de intereses.
El despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López avaló las peticiones presentadas por el demandante y la defensa del expresidente del Senado y ordenó recolectar una serie de elementos materiales probatorios documentales y testimoniales para tomar una decisión en esta acción que busca la “muerte política” del congresista del Centro Democrático.
Entre las pruebas se encuentran los videos completos de la sesión celebrada el 29 de abril de 2019 en la cual se discutieron los impedimentos de un grupo de congresistas para participar en el debate de las seos objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Igualmente se solicitó escuchar la declaración del Secretario General del Senado de la República, Gregorio Eljach Pacheco “para que exponga sobre el trámite dado a la recusación promovida en contra del congresista acusado así también en relación con la votación verificada para la reapertura del impedimento del senador Carlos Felipe Mejía”.
El magistrado ponente igualmente pidió el acta de posesión emitida por la Secretaria General del Senado por medio de la cual se avaló la posesión de Ernesto Macías Tovar como congresista para el período constitucional 2018-2022.
El demandante indica que pese a que el senador Carlos Felipe Mejía se había declarado impedido en un primer momento para participar en el debate de la JEP participó activamente en las sesiones en las cuales se analizaron las objeciones presidenciales presentadas por el presidente Duque a siete artículos de la ley estatutaria de esta justicia especial.
En la sesión del 29 de abril, se señala, el entonces presidente del Senado omitió el impedimento que había señalado Mejía y lo dejó participar en el respectivo debate, situación que para el accionante representa un conflicto de intereses.
“Una vez practicadas las pruebas decretadas, se fijará fecha y hora para la audiencia pública de que trata el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018”, señala uno de los apartes del fallo. Esta decisión ya le fue notificada formalmente al delegado de la Procuraduría General, al senador del Centro Democrático y al demandante.
