AFP
El Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que en nombre del Gobierno Nacional, tomó la decisión de llamar a consultas al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel. La medida que puede interpretarse como el paso previo al rompimiento oficial de las relaciones entre los dos países, se tomó a raíz de los hechos «violatorios de las garantías democráticas, de los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense», según expresó la Cancillería.
De acuerdo con lo informado, esto también “obedece al compromiso del Gobierno de Colombia con los valores y principios consignados en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)».
Un llamado a consultas es una medida potestativa de cada país, que utiliza cuando se siente inconforme con una situación específica con otro Gobierno. Por esta, razón desde Colombia se expresó su rechazo a la «sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua».
Entre tanto, el Gobierno de Colombia instó «al Gobierno de Nicaragua a la inmediata liberación de los presos políticos y a cesar esta persecución sistemática, así como a permitir el libre ejercicio de las libertades políticas y una elección democrática transparente y libre para que el pueblo nicaragüense escoja su destino».
Por ahora, tras este llamado a consultas, el Gobierno Nacional señaló que: «Continuará monitoreando el preocupante deterioro de la democracia en Nicaragua y buscando opciones, en conjunto con países de la región, que coadyuven al retorno de la institucionalidad democrática en la hermana nación centroamericana».
A casi tres meses de las elecciones de ese país, se estima que hay 29 opositores detenidos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia. El caso más reciente, atribuido al gobierno de Daniel Ortega, es el arresto del politólogo José Peraza, detenido por el supuesto delito de “menoscabo a la independencia y soberanía”, informaron las autoridades.
