Un ciudadano colombiano por el que se ofrecía una recompensa de 10.000 dólares por su presunta vinculación con el homicidio del subdirector del Registro Público de Panamá, Agustín Lara Díaz, se entregó este sábado a las autoridades del país centroamericano.
Yeison Felipe Possu Mera se presentó ante las autoridades panameñas acompañado de su abogada, Sarai Blaisdell, quien proclamó la inocencia de su defendido.
«No vamos a agarrar acuerdo de pena (con la fiscalía), es inocente», dijo la abogada a los periodistas, y agregó que la descripción del presunto homicida dada por un «testigo protegido» en este caso no coincide con la de su defendido.
Possu Mera dijo a periodistas que tiene al menos ocho años viviendo en Panamá, que tiene hijos panameños, que trabaja de forma independiente, y que no se había entregado antes «por miedo de la recompensa y por no tener un representante privado que lo defendiera de forma adecuada».
Lara fue tiroteado por el sicario el pasado 14 de noviembre cuando participaba en una jornada de inscripción de su Partido Revolucionario Democrático (PRD), en el poder, que se celebraba en un sector del distrito de San Miguelito, considerado una de las zonas más peligrosas del área Metropolitana.
Otro ciudadano colombiano de 23 años se encuentra detenido de forma preventiva señalado como cómplice primario en el crimen, pues se encontraba esperando al sicario «a bordo de una motocicleta para luego darse a la fuga», según indicó en su momento el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
Las primeras reacciones por este suceso fueron de copartidarios de Lara reconociendo la «infiltración del crimen organizado en la política», así como de miembros de otras formaciones políticas, que cuestionaron el incremento de hechos delictivos y asesinatos por supuestos ajustes de cuentas entre pandillas.
Panamá experimenta un alza en los homicidios, que hasta octubre pasado sumaron 463, un 10,5 % más que los 419 registrados en el mismo período de 2020, según cifras de la Fiscalía.
Las autoridades sostienen que el 70 % de los homicidios en el país centroamericano están vinculados al crimen organizado y al narcotráfico trasnacional.