El Tribunal Superior de Bogotá recibió una tutela interpuesta por la defensa del exsenador Álvaro Uribe contra la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que el 06 de noviembre de 2020 confirmó su libertad, pero “señalando que éste sí se encontraba imputado” por la justicia en el proceso por presunta manipulación de testigos.
Para tomar esa decisión, el juez consideró que las actuaciones que la Corte Suprema de Justicia había adelantado en ese proceso, (entre ellas una indagatoria) podrían considerarse como una imputación de cargos.
Por eso, en esa decisión, el juez aclaró que empezaban a correr los términos para que la Fiscalía presentara un “escrito de acusación, preclusión de la actuación o un principio de oportunidad” ante un juez ordinario.
Pero el abogado Jaime Granados considera que el juez incurrió en un error al calificar una indagatoria y una imputación de cargos como una misma audiencia, por lo cual se habrían violado los derechos al debido proceso del expresidente, “desconociendo así que ambas diligencias no pueden equipararse sin afectar el debido proceso y el derecho a la defensa”, dice la defensa.
Más adelante, en la tutela advierte el abogado que “el juez accionado se apartó por completo de las nociones procesales aplicables al caso, incluso al punto que, por su propia cuenta y en un acto bastante exótico, determinó que la imputación se entendía formulada con su decisión (…) no se está cumpliendo con las garantías básicas del debido proceso”.
Por lo cual, el abogado de Uribe le pidió al Tribunal dejar sin efectos la decisión del juez “en punto a atribuirle la condición de imputado al doctor Álvaro Uribe Vélez, manteniendo su libertad”.
Esta tutela se interpuso en el marco de la investigación que se inició en la Corte Suprema de Justicia y que hoy esta en los juzgados de Paloquemao, por los delitos de sobornos y fraude procesal en medio del caso de presunta manipulación de testigos.
En ese proceso, Uribe renunció a su fuero de congresista, lo que llevó a que la Sala de Instrucción de la Corte enviara el proceso a la Fiscalía General de la Nación para que se adelantara ante un juez ordinario.
