La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló este viernes el equipo de trabajo que integra la visita que hará el organismo internacional al país, con motivo de los hechos de violencia suscitados en el marco del paro nacional.
Según señaló la CIDH en su cuenta de Twitter, «la delegación está integrada por la presidenta comisionada Antonia Urrejola, y los comisionados Joel Hernández y Estuardo Ralón, así como el equipo técnico de su Secretaría Ejecutiva».
Según señaló el organismo, la visita incluirá las ciudades de Bogotá y Cali, donde se reunirá para dialogar y recibir información de amplios sectores vinculados al caso del paro nacional.
«La CIDH realizará la visita de trabajo del 8 al 10 de junio para observar la situación de Derechos Humanos en el marco de las protestas», sostuvo.
La visita se dio luego de un fuerte contrapunteo entre el Gobierno y la oposición, que pedía una visita inmediata del organismo internacional, luego de las denuncias por abuso de fuerza en el marco de las protestas.
Incluso, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien oficia demás como Canciller, se reunió Hace algunos días con los miembros del organismo internacional.
Lo propio hicieron algunos miembros de la oposición y más recientemente integrantes del uribismo.
Pedido
Entre tanto, varios de los legisladores que respaldan el paro nacional y que hoy han sido indagados por la Procuraduría General de la Nación, anunciaron este viernes que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso.
Según se conoció, lo congresistas solicitaron una audiencia con la CIDH para denunciar que el Ministerio Público está “propiciando el escenario para silenciar a la oposición” con estas indagaciones que están en marcha.
“Vemos con preocupación el mal uso que se está dando del sistema disciplinario colombiano, por parte de algunas personas que por medio de acciones injuriosas, calumniosas y malintencionadas, pretenden deslegitimar nuestro accionar como servidores públicos en defensa de los derechos de protección de la vida, integridad y seguridad de jóvenes, mujeres y en general de la ciudadanía que se ha visto amenazada por el abuso de fuerza por parte de la miembros de la Fuerza Pública”, se indicó en un comunicado sobre el tema.
