La iniciativa le permite al Gobierno Nacional disponer de recursos públicos para su compra y negociar con la empresa privada para que aporte en su financiación.
El proyecto busca crear un beneficio tributario para los contribuyentes que decidan apoyar la inmunización de la población colombiana contra el coronavirus, a través de unas donaciones que se realicen a la subcuenta de mitigación de emergencias del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo destinadas a la adquisición de vacunas.
La iniciativa prevé que en caso que se presenten efectos secundarios por la aplicación de la vacuna en los ciudadanos, el Estado y la farmacéutica que provee la inmunización, se tendrán que responsabilizar por los hechos.
El proyecto de ley señala que la Contraloría debe fiscalizar los recursos destinados para la adquisición de dichas vacunas. El autor del proyecto, Ricardo Ferro, del Centro Democrático, manifestó que para tal efecto se creará un consejo de evaluación de reacciones adversas, cuyo objetivo será determinar la existencia de dicho efecto colateral.
“También habrá la posibilidad de que sea el Estado colombiano el que responda por cualquier tipo de efecto secundario que pueda tener en una persona la aplicación de la vacuna, con eso qué buscamos, que haya confianza por parte del pueblo colombiano, a la hora de vacunarse, que sepan que no están desamparados, sino que está el propio Estado como garante en la aplicación de estas vacunas”, manifestó el congresista.
El proyecto de ley tiene mensaje de urgencia y está avalado por el Gobierno Nacional para que sea aprobado en la mayor brevedad.
Las comisiones terceras conjuntas del Congreso de la República aprobaron por unanimidad el proyecto y pasará en los próximos días a las plenarias de Senado y Cámara, para luego ir a sanción presidencial.
