El Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, le pidió con carácter urgente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) apersonarse de la dramática situación que enfrentan las familias que habitan el inacabado proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, en Yopal, dado que no pueden seguir viviendo en una zona que no es apta para ello.
Zuluaga le pidió a la UNGRD revisar aspectos fundamentales al respecto:
*Determinar si se asignan o no subsidios de arrendamiento a estas familias, para que salgan de las viviendas ocupadas y no pongan en riesgo sus vidas.
*Que vele por el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en sus tres etapas: desalojo, demolición y construcción de una nueva solución de vivienda.
Proceso de responsabilidad fiscal
Por este proyecto de vivienda, la Contraloría General de la República tiene una investigación en curso, un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $12.087 millones, al que están vinculados quince (15) ciudadanos y personas jurídicas como presuntos responsables fiscales, que incluyen servidores públicos, el contratista de obra (llamado inversionista constructor) y personas jurídicas supervisoras e interventoras del contrato.
Asimismo, están vinculadas cinco (5) aseguradoras como terceros civilmente responsables, con miras a garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio.
La PTAP y riesgos por lluvias
En visita que realizó hoy a Yopal, el Contralor en funciones estuvo en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) e hizo otro llamado a la UNGRD para que verifique las garantías que existen alrededor de las obras que se han hecho para proteger la planta del río.
También pidió revisar la afectación que ha tenido la socavación de parte del río con la separación de esta planta. “Si ahora que estamos en el fenómeno de El Niño y unas cuantas lluvias han generado un riesgo inminente, imagínense lo que puede ocurrir en un fenómeno de La Niña con lluvias más abundantes. Están en riesgo la estabilización y las inversiones que se han hecho por más de $88 mil millones para que esta planta de tratamiento funcione de manera óptima”, advirtió.
Zuluaga formuló también un llamado a las autoridades locales para que resuelvan las decisiones administrativas y financieras que se requieren para la segunda fase de este proyecto.
