Contraloría
Un presunto detrimento patrimonial por valor de $25 mil millones de pesos, detectó la Contraloría General de la República en varios convenios administrativos entre el 2008 y 2010, suscritos entre la gobernación de Casanare y la empresa de servicios públicos de Tauramena.
Entre los presuntos responsables para la época de los hechos se encuentran:
Javier Augusto Álvarez Alfonso, actual alcalde y quien para la época también tenía la condición de alcalde del municipio de Tauramena.
Julio Flórez Sarmiento, en su condición de secretario privado y representante legal de la gobernación.
Claire Milena Morales Díaz, en calidad de gerente de la empresa de servicios públicos de Tauramena.
Rodrigo Flechas Ramírez, como director de contratación de la gobernación de Casanare.
Según la indagación preliminar adelantada por la Contraloría auxiliar administrativa, con base en presuntas irregularidades en los convenios interadministrativos 210 de 2008, 004 del 2009 y el 113 de 2010, cuyo objeto era la construcción de captación, tratamiento y distribución que buscaba optimizar los acueductos de las veredas: Aguablanca, guichire, delicias, batallera, raizal, Yaguaros y Chitamena del municipio de Tauramena.
La Contraloría estableció en la investigación que los recursos públicos invertidos y ejecutados en esta obra, son provenientes de regalías, » aunque las obras aparentemente se ven terminadas, no se estaba prestando el servicio».
Además, el ente de control fiscal, afirma que podrían existir otras irregularidades, ya que, «varios usuarios no cuentan con redes internas que garanticen el suministro del líquido vital a las familias».
En total, el proceso que lleva la Contraloría General de la republica contra los presuntos responsables, suman alrededor de $25.959.005.717 millones de pesos.
