La Corte Constitucional avanza lentamente en el estudio sobre la demanda contra la modificación a la ley de garantías a través de la ley de presupuesto que aprobó el Congreso de la República.
En medio de ese estudio, la Corte ha recibido varios conceptos entre ellos el de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – que aprueba esa modificación.
Lo que explica la Agencia, es que esa modificación que “habilitó a los entes territoriales para suscribir convenios interadministrativos con la ‘Nación’, para la ejecución de proyectos asociados a la Ley de Presupuesto del año 2022, solo pudieron ser celebrados, de manera directa, hasta el 29 de enero de 2022, fecha a partir de la cual empezó a regir la restricción de la ley de garantías».
La Agencia le aseguró a la Corte que “una vez inició el periodo preelectoral para la elección de Presidente y Vicepresidente comenzaron a ser aplicadas ambas restricciones (…) dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones de presidente y vicepresidente de la república no se podrán celebrar convenios y contratos interadministrativos a través de contratación directa, y solo podrán ser suscritos a través de mecanismos de selección que impliquen convocatoria pública”.
Ese concepto se presentó a pesar de las recientes criticas por parte de algunas campañas presidenciales como la de Sergio Fajardo, que denuncian falta de garantías para los comicios del 29 de mayo porque dicen que en plena época electoral se le ha permitido al gobierno de Duque celebrar convenios interadministrativos.
“La responsabilidad de que no existan garantías por cuenta de la modificación de la ley de garantías es del Gobierno que impulsó esa modificación y de las mayorías del Congreso que adoptaron esa modificación, en esas condiciones creemos que no hay garantías”, dijo el exministro Guillermo Rivera en representación de la campaña de Fajardo.
Así las cosas, se podría avecinar un fuerte debate al interior de la Sala Plena de la Corte Constitucional, sin embargo, dicho debate está en ‘stand by’ por cuenta de que la Procuraduría no ha entregado el concepto correspondiente que daría vía libre para que la magistrada Diana Fajardo presente la ponencia del caso.
Al respecto, la procuradora Margarita Cabello Blanco dijo que están dentro de los términos de ley para entregar ese documento.
“Tenemos un tiempo amplio, 30 días hábiles que son casi de dos meses y recibimos a finales de marzo las informaciones, estamos casi listos para emitir el concepto. No es cierto que nos estemos demorando y sí es cierto que estamos estudiando lo más rápido posible el tema para entregar el concepto”, dijo Cabello.
