Con un incremento en el pie de fuerza en la seguridad de varios departamentos del suroccidente del territorio nacional, las autoridades planean frenar las acciones criminales que afectan en gran medida a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, en departamento como Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Caquetá.
Y es que con el más reciente crimen del vocero comunal, Álvaro Narváez y tres de sus familiares, en Mercedes (Cauca), ya son 16 los líderes asesinados en ese departamento en lo que va corrido de este año.
Situación que preocupa a los defensores de derechos humanos y quienes en repetidas ocasiones han llamado la atención del Gobierno Nacional, frente a la particular crisis que se vive en el país.
“En este país seguirán masacrando a los líderes sociales, esto frente a la mirada inerme de una comunidad internacional paquidérmica y ante un estado al que parece no importar lo que les suceda a estas personas”, destacó Bladimir Bello, defensor de derechos humanos del Suroccidente del país.
Según Bello, en los últimos años se ha acentuado la crisis económica, política, social y ambiental del Suroccidente colombiano, provocada por la apertura económica y el crecimiento desequilibrado del país, agravada por la inserción y posterior persecución al narcotráfico.
En relación a estos asesinatos de líderes sociales, los voceros de las organizaciones defensoras de derechos humanos también piden a la Fiscalía General de la Nación que entregue resultados frente a estos crímenes.
“Porque nunca pasa nada con estas muertes, solo se incrementan las cifras en los registros y después se olvidan” señaló Bello.
Pero lejos de mejorar, la situación parece ser más compleja. Hay que recordar que la Organización de Naciones Unidas le envió una alerta al Gobierno Nacional, donde le hacía ver cómo durante los días de la cuarentena, decretada para combatir la COVID-19, el asesinato y las amenazas a líderes sociales se habían incrementado.
Por redes sociales, los reclamos al Gobierno también se han hecho cada día más constantes, pidiendo resultados para determinar que hay detrás de las muertes de estos líderes y defensores de derechos humanos, pero hasta el momento no se tienen respuestas concretas.
Ante el más reciente crimen ocurrido en Cauca contra un líder de acción comunal y tres miembros de su familia, las autoridades convocaron a un consejo extraordinario de seguridad en el hubo presencia, además de las Fuerzas Militares y autoridades administrativas, de voceros del Ministerio del Interior, encargado directo de velar por la seguridad de estos líderes.
Por su parte el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, destacó el incremento de operativos que se han realizado en varios departamentos del suroccidente colombiano.
Entre esos operativos recordó el despliegue realizado tras conocerse amenazas sobre varios excombatientes de las Farc en el mismo Cauca donde “se procedió, resguardando la vida de nuestros líderes sociales y de aquellos familiares que se encuentren en riesgo”, señaló Carlos Holmes Trujillo.
De igual modo, en ese mismo sentido, el ministro de Defensa también señaló que se dieron operativos en zona del Tambo, donde se procedió de forma parecida y se logró resguardar a uno de los líderes de la región, cuya vida estaba en riesgo.
“Nuestras Fuerzas Militares están al servicio de la protección de los colombianos, más aun de aquellos que tienen algún liderazgo o que defienden los derechos humanos”, señaló el alto funcionario.
En ese mismo sentido, Holmes Trujillo destacó el trabajo realizado particularmente por el cuerpo élite, que integra las capacidades interinstitucionales en el territorio nacional. El cual, según describió, ha fortalecido las regionales de investigación con 61 investigadores y nueve comisiones permanentes en Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, entre otras.