Ante el Consejo de Estado el representante a la Cámara, David Racero, de la Colombia Humana, presentó una acción de nulidad, con solicitud de suspensión provisional urgente de lo establecido en el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, «por el cual se imparten instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público», expedido por el presidente de la República, Iván Duque.
De acuerdo con el representante Racero, este decreto ordena la asistencia militar y el despliegue de acciones policivas para levantar por la fuerza los bloqueos, buscando el restablecimiento del orden público, pero vulnera la protesta social, «agudiza la situación política y social por la que está atravesando el país, y promueve mayores vulneraciones de derechos humanos».
La demanda sustenta que de acuerdo a los tratados internacionales y jurisprudencia nacional, las Fuerzas Militares no deberían intervenir en la contención o control de la protesta social porque incrementaría el riesgo de mayores vulneraciones de derechos humanos en el país.
El congresista argumenta en la acción jurídica que este decreto no está garantizando el derechos constitucional a la protesta social.
«No ofrece ninguna posibilidad pacífica de tramitar las peticiones de los ciudadanos que están protestando y, por el contrario, ordena el uso de la fuerza militar y policial como la primera única medida para lograr el restablecimiento del orden público, yendo en contravía del mismo Código de Policía y del Estatuto que regula la protesta que indican que se debe dar primacía al diálogo y a la mediación en las protestas y que la fuerza debe ser utilizada como último recurso», señaló el congresista.
El legislador de oposición considera que la medida del presidente Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, va en contravía de la autonomía territorial y estaría vulnerando algunos avances de negociación y diálogo que han adelantando algunos mandatarios locales con la ciudadanía que protesta.
