A la Corte Constitucional llegó una demanda contra la ley 2064 de 2020, con la que se decreta la estrategia para la inmunización de la población contra la covid-19, es decir, la ley que permitió el Plan Nacional de Vacunación anticovid.
La demanda presentada por el grupo denominado Veeduría Ciudadana por la Verdad, dice que ese plan estaría violando la constitución y pondría «en riesgo la vida de los pacientes que tomen la decisión de vacunarse».
De acuerdo con la demanda, esta situación se presenta «al exonerar a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad por efectos adversos en las vacunas”, mientras se cuestionó también la efectividad de las vacunas al haberse desarrollado con tanta rapidez.
La demanda señala que el ministro de salud, Fernando Ruíz, manifestó que “este punto se redactó así, porque la vacuna se está desarrollando con gran rapidez y las farmacéuticas están pidiendo esta exoneración”
La Veeduría Ciudadana por la Verdad advirtió que es necesario “fortalecer las actividades de farmacovigilancia de las vacunas seleccionadas, al establecer en coordinación con los laboratorios productores y en el momento de la adquisición de las mismas, protocolos de seguimiento estrictos y cercanos que se implementen en el país y se garanticen estrategias para la minimización y mitigación del riesgo”.
A lo largo del documento, la demanda asegura que el Gobierno también estaría incumpliendo con el principio de transparencia y control ciudadano, al no hacer públicos los contratos firmados con las farmacéuticas para adquirir las vacunas contra la covid-19.
Finalmente, la veeduría puso como ejemplo a Canadá, país que según la demanda ha publicado los “resultados de los ensayos clínicos de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech, que le han llevado a tomar la decisión de aprobar este medicamento. Como indican desde su Ministerio de Sanidad, en su compromiso con la “transparencia” han decidido hacer públicos estos datos para que la población pueda conocerlos de primera mano”.
Foto: AFP
