Este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, empezó a surtir su trámite el proyecto de Acto Legislativo con el que se busca reformar la justicia en el país. En ese contexto, la iniciativa pretende modificar artículos de Constitución para cambiar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Es decir, busca que la elección de los magistrados que depende de la lista que presenta el Consejo Superior de la Judicatura, se elimine y que sea la propia Corte y el Consejo quienes elijan a sus magistrados a través de convocatoria pública de méritos.
Al respecto, el representante a la Cámara Germán Navas por el Polo Democrático, consideró que el proyecto no está modificando a la justicia.
“Ustedes aquí están modificando la nómina de la justicia, cómo elegir a sus amigos y sus copartidarios en esos cargos, cómo abrir la brecha para que puedan llevar a sus amigos, pero a la ciudadanía no, aquél al que han robado matado un hijo o lo han robado eso lo tienen sin cuidado. No sé quiénes trabajan con empresas capitalistas que son quienes quieren magistrados de bolsillos”, señaló.
Además, el proyecto de Acto Legislativo propone modificar los requisitos para la elección del Fiscal General, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional. Propone que ya se no se pidan los mismos requisitos que se exigen para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como, por ejemplo, haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado.
“No se justifica la misma exigencia de requisitos cuando los cargos de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil ejercen funciones completamente diferentes a los magistrados de la Corte suprema de justicia”, justifican en el informe de ponencia.
Añade: “A diferencia de los magistrados de la Corte Suprema de justicia, los cargos de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, requieren habilidades gerenciales y administrativas que pueden ser adquiridas en diferentes áreas del conocimiento”.
En ese sentido, el representante a la Cámara, César Lorduy consideró que “alrededor de esos cargos debe ser válida la experiencia complementaria o la experiencia adicional que en otro tipo de actividades las personas que puedan aspirar a esos cargos tienen. Nada mal sería que el Contralor, por ejemplo, además de ser abogado pudiera tener experiencias relacionadas en materias contables o que el Defensor del Pueblo además del requisito de ser abogado pudiera tener una experiencia relacionada con la defensa de los derechos humanos”.
Y agregó: “Estamos muy lejos de pensar que ese cambio de requisitos que no son sustanciales sino complementarios estén destinados a favorecer al alguien cuando prácticamente la mayoría de esos cargos están recién elegidos y a la mayoría le faltan dos años para que puedan ser sustituidos”.
Otro artículo también busca que el Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo no los juzgue la Corte Suprema de Justicia sino el Congreso, en la Comisión de Acusaciones.
El congresista Juan Carlos Losada aseguró que «aquí hay una clara ruptura del orden constitucional y es inaceptable desde cualquier punto de vista semejante orangután. Aquí todo sabemos la absoluta inoperancia de esa comisión y yo no puedo estar más de acuerdo con los compañeros para fortalecerla para que deje de ser una notaría de los intereses políticos de este país, ¿vamos a mandar a la señora procuradora a esa comisión, como si eso fueran mayores garantías que ir a la Corte Suprema de Justicia? Eso es una desinstitucionalización y orangután”, dijo.
Los autores de este proyecto son los congresistas Julio César Triana Quintero, Jennifer Kristin Arias Falla, Oscar Hernán Sánchez León, Fabio Raúl Amin Saleme, Germán Varón Cotrino, Paloma Susana Valencia Laserna, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Eduardo Emilio Pacheco Cuello, Miguel Ángel Pinto Hernández.
Los ponentes: Oscar Hernán Sánchez León, Buenaventura León León, Harry Giovanny González García, Cesar Augusto Lorduy Maldonado, Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Inti Raúl Asprilla Reyes, Luis Alberto Alban Urbano y Margarita María Restrepo Arango.
Finalmente el congresista Buenaventura León manifestó: «Quiero dejarles un mensaje de tranquilidad, que esta reforma constitucional es el primer debate de ocho y ya tuvimos un trabajo con ustedes en esta comisión, que siempre busca ante todo el entendimiento de todos los actores”.
Este es el primer debate que surte el proyecto, al ser proyecto de Acto Legislativo, le restan siete debates más.
