La representante Catherine Juvinao alertó de posibles irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos que estaría ad portas de presentar el registrador, Alexander Vega: suman más de 300.000 millones de pesos.
El primer proceso contractual, que inició el pasado 23 de noviembre y se firmaría el 23 de diciembre, por un valor de $205.923.159.013, tiene por objeto implementar un sistema tecnológico para adelantar el proceso de inscripción de ciudadanos y el registro virtual de grupos significativos de ciudadanos.
En dicho contrato, señala la representante, “se encontraron varias irregularidades”. La primera es que en 2018, antes de que llegara Vega a la Registraduría, se celebró un contrato con objeto similar para las elecciones 2019 por un valor de 65.000 millones.
Al respecto, la congresista cuestiona el incremento: “¿Cómo es que el contrato que ahora se pretende celebrar tiene un aumento en su valor de casi 140.000 millones de pesos?”.
Añade que la “única diferencia con el contrato de hace 4 años es que en la plataforma a contratar ya no solo se inscribirán ciudadanos sino también movimientos significativos de ciudadanos, ¿Eso implica 140.000 millones de pesos más?”, se preguntó Juvinao.
Además, la representante pidió que la Registraduría le explique al país por qué en los pliegos no se discriminan los valores de cada ítem del contrato, cosa que sí se hizo en el contrato del año 2018.
“Aquí tenemos un contrato de 206.000 millones a la ciega”, afirmó Juviano, quien denuncia que estarían a punto de adjudicarse en plena semana navideña.
El segundo contrato que pretende celebrar el registrador es un proceso que inició el pasado 1 de diciembre y que se firmaría el 26 de diciembre.
Asciende a $92.582.021.817 y busca implementar un sistema de ciberseguridad para la infraestructura tecnológica de la Organización Electoral.
“Si bien se entiende como un instrumento necesario para evitar ataques informáticos, los cerca de 93 mil millones del valor del contrato son ampliamente superiores en comparación con otros sistemas usados por entidades públicas que manejan información sensible”, añade la representante.
Uno de esos instrumentos es usado, como es el caso de la Dirección de Inteligencia Policial, que destina $4.300 millones, o la Dian, que invierte cerca de 68.000 millones.
“Estos requisitos habilitantes son excesivos; todo parece hecho a la medida (…) Alexander Vega quiere aprovechar la Navidad para firmar estas multimillonarias contrataciones en medio de una opacidad y con la gente mirando para otro lado”, recalca la denuncia.
