Javier Gorriño, director de Seguridad Ciudadana de El Hatillo, un municipio del estado Miranda, vecino de Caracas, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, horas después de publicar un trino en el que aseguraba que Nicolás Maduro se encontraba en una ruidosa fiesta, a inicios de semana, y de la que los vecinos se habían quejado ante la Policía local y que además violaba la férrea cuarentena impuesta por el propio gobierno.
Ante la denuncia, una comisión policial se acercó a un edificio, ubicado en la exclusiva urbanización los Naranjos, y al llegar, se percataron que había funcionarios de la Guardia de Honor Presidencial, conocida como Casa Militar y que además Maduro estaba en la reunión.
“Ojo, me indican los patrulleros y el supervisor, que en la fiesta de Sur tres de Los Naranjos, no pueden hacer nada porque se encuentra Casa Militar e indican que está el primer mandatario”, fue el texto publicado en la cuenta @javiergorrino, que horas después fue borrado pero antes, se hizo viral.
Horas después, un tribunal de Caracas emitió orden de aprehensión en su contra, señalándolo de haber incurrido en el delito de instigación al odio, tipificado en la polémica ley contra el odio, que le podría valer unos 20 años de cárcel.
Por el caso también fueron citados a declarar los patrulleros que atendieron la denuncia, así como la directiva de la policía municipal. Todos quedaron en libertad menos el director de Seguridad Ciudadana.
Javier Gorriño es un comisario con mas de 50 años de experiencia en distintos cuerpos de seguridad, incluyendo la Policía científica donde ha sido reconocido por la resolución de casos de notoriedad en la opinión pública. Elías Sayegh, alcalde de El Hatillo rechazó el proceso iniciado y exigió su liberación.
“Fuimos informados sobre el inicio de una investigación en su contra. Exigimos a las instancias el debido proceso y todas las garantías constitucionales que merece un ciudadano ejemplar que tanto ha dado a la sociedad”, destacó.
No es primera vez que la polémica Ley del Odio es utilizada por el gobierno de Maduro para investigar o detener personas. Incluso, durante esta cuarentena, varios ciudadanos en la frontera han sido detenidas por difundir videos en los que denunciaban malas condiciones de refugios para los venezolanos que iban llegado.