Los Magistrados del CNE analizan este miércoles los diferentes conceptos y la decisión podría ser revelada en horas de la tarde.
Con una baja participación se llevó a cabo este martes la audiencia pública convocada por los Magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Renato Contreras y César Augusto Abreo, donde se escucharon ponencias de diferentes sectores sobre la cuota de género.
La audiencia se citó con base en la decisión que tendrá que tomar en los próximos días el CNE sobre 11 listas que buscan ganar curules en los concejos municipales y Juntas Administradoras Locales (JAL) compuestas, en su mayoría, por mujeres. En varias de ellas, incluso, no existe ningún candidato hombre.
De acuerdo con los Magistrados, los partidos políticos Conservador, FARC, Cambio Radical, Liberal, de la U, Unidad Alternativa, Centro Democrático y Alianza Verde, que fueron quienes presentaron ocho listas a JAL y tres a concejos, tienen hasta el 27 de septiembre para hacer cambios en caso de que la decisión implique la revocatoria de las listas, lo que acelera el proceso para que se adopte una medida.
Este medio conoció que durante la mañana de este miércoles se reunirán los Magistrados para analizar los diferentes conceptos expresados por académicos, sectores políticos, asociaciones de mujeres y representantes de gobierno, así como de los ocho partidos. En caso de lograrse un consenso la decisión podría ser revelada en horas de la tarde.
Las voces a favor y en contra de la revocatoria
El debate surgió a raíz de la controversia que se generó al considerar que los 11 listados no cumplen con la cuota de género, que, de acuerdo con la ley, deben contar por lo menos con el 30% de uno de los géneros, aunque el otro sea el predominante en la lista.
Sin embargo, quienes están en favor de las listas conformadas por mujeres argumentan que la Ley 1475 de 2011 no especifica que el 30% del género, al que se refiere, sea el femenino, y aseguran que es una acción afirmativa en favor de las mujeres que históricamente no ha tenido una alta participación, por lo que el espíritu de esa ley debería ser favorable para ellas.
Durante la audiencia intervino Rodrigo Bustos, procurador judicial administrativo, quien señaló que «la ley estatutaria habla de igualdad de género entre hombres y mujeres, e incluso de otras opciones sexuales, razón por la cual las listas deben tener uno mayoritario pero el otro debe tener una representación de por lo menos el 30%».
E indicó que «consideramos que sí hay lugar a la revocatoria de las inscripciones de las listas y solicitamos a los magistrados que la decisión se adopte a la mayor brevedad posible, ya que los partidos tienen hasta el 27 de septiembre para hacer cambios».
Sin embargo, Heidi Gallo Santos, alta consejera para la equidad de la mujer señaló que, desde la Vicepresidencia de la República, «estamos altamente comprometidos en el cierre de las brechas de inequidad contra las mujeres. Esto es necesario para tener una sociedad más democrática«.
La alta consejera, quien habló en representación de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, argumentó que «el enfoque de género que aparece en la Ley 1475 de 2011, tiene como propósito cerrar esa brecha y por eso consideramos que las listas revisten de toda la legalidad».
Explicó además que «el espíritu de estas disposiciones se refuerza si se tiene en cuenta la Reforma del Equilibrio de Poderes (acto legislativo 02) en el que se establecen unos principios de paridad, de universalidad y alternancia a favor de las mujeres«.
A esta petición se sumó la de Carolina Mosquera, representante por la fundación Sisma Mujer, quien señaló que «se debe reconocer la falta de cumplimiento de la ley con respecto a la cuota de género. La discriminación hacia la mujer se ha venido dando de forma sistémica».
La investigadora aseguró que «hay una subrepresentación y un déficit en la participación política de las mujeres anclado al espíritu manifestado por la corte (…) por esto solicitamos que se reconozcan las listas conformadas por mujeres, en tanto se ajustan al objetivo y sentido histórico de las cuotas, como medida afirmativa para incentivar la participación de las mismas».
A la audiencia no asistieron representantes del Ministerio del Interior, Cámara de Representantes, Senado de la República, Defensoría del Pueblo, las activistas Florence Thomas y Carolina Sanín, inscritas como ponentes. Además, contó con una baja participación del sector académico, pese a que había un espacio abierto para las universidades.
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