Las autoridades colombianas fallaron al no adoptar acciones para proteger a los defensores de derechos humanos que están en riesgo, razón por la cual Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al Gobierno para que tome medidas que permitan que su actividad no se convierta en algo mortal.
Así se desprende del informe «Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa», publicado este jueves por esta organización y en el que se alerta que el Estado colombiano ha respondido de forma insuficiente en los últimos cinco años a los «graves riesgos» que enfrentan los defensores.
«Amnistía Internacional ha recibido innumerables denuncias de personas defensoras de derechos humanos en Colombia que sufren ataques y amenazas por la labor que desempeñan», expresó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.
Agregó que entre 2020 y 2023 han observado que «las autoridades han fallado en adoptar acciones estatales para garantizar la protección colectiva de personas que defienden los derechos humanos, en particular, quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en distintas zonas del país».
«Ante esta crisis, nuestra investigación deja clara la necesidad de una respuesta institucional fuerte, integrada y coordinada», advirtió.
Cifras preocupantes
AI recopiló las cifras que entidades estatales y ONG han publicado sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos.
Según el Programa Somos Defensores, por ejemplo, 199 líderes sociales fueron asesinados en 2020, 139 en 2021 y 197 en 2022.
Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) había documentado hasta septiembre el asesinato de 127 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
En ese sentido, AI relata en su informe cinco casos de ataques y amenazas a defensores en cuatro regiones del país, uno de los cuales es el de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos de Santander (Fedepesan).
Esta organización, que defiende los cuerpos de agua del Magdalena Medio y la forma de vida de los pescadores de las ciénagas que rodean el municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, «persiste en su defensa del ambiente en un contexto de ataques y amenazas», según el documento.
Amnistía advierte que Yuly Velásquez, su presidenta, ha sido atacada por lo menos tres veces por personas armadas en los últimos años.
Cierre del Gobierno de Duque y primer año de Petro
AI manifestó que durante el cierre del Gobierno de Iván Duque, que fue presidente entre 2018 y 2022, el Ejecutivo adoptó «medidas contraproducentes» para proteger a los defensores y se resistió a cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, para proteger a estas personas.
Entre tanto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro mostró «intenciones de cambiar la situación», pero el organismo «pudo verificar que la violencia contra personas defensoras de derechos humanos continuó durante su mandato, tanto en términos de cifras generales como respecto de varios de los casos documentados en el informe».
«Las autoridades colombianas deben adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales del riesgo en que están inmersas las personas defensoras y sus comunidades, especialmente en los casos de aquellas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente», expresó Piquer.
La directora para las Américas de AI añadió: «Al mitigar las causas estructurales, no sólo se les protege, sino que se garantizarán sus otros derechos. Saludamos que el Gobierno haya anunciado en los últimos meses un fortalecimiento de la estrategia de adopción de planes de protección colectiva, pero urgimos que la intervención estatal sea completa, comprehensiva y coordinada».
Fuente: EFE – RCN Radio
