Las Empresas Colombianas de Seguridad Privada (ECOS) advirtieron que el proyecto de Ley de Seguridad Privada autorizaría a las compañías extranjeras de vigilancia a fabricar y comercializar armas.
Según mencionó el gremio, “el proyecto de Ley 393 de 2021, recién aprobado en comisiones primeras conjuntas del Congreso y que está ad portas de ser aprobado por las Plenarias de Senado y Cámara de Representantes, es inconstitucional, por autorizar a empresas extranjeras de vigilancia la fabricación, comercialización de armas y municiones”.
José Saavedra, presidente de ECO, señaló que “ningún país en el mundo pone en manos de foráneos el manejo y control de las armas. ¿Quién está detrás de esta grave iniciativa? ¿Qué intereses se mueven detrás de esta oscura propuesta? ¿Por qué se pretende despojar a Indumil (fabricante de armas) de esta actividad para favorecer a extranjeros? ¿Por qué excluir a los nacionales y dejarlo sólo en manos de extranjeros?”.
También llamó la atención de los congresistas y de todos los colombianos, «porque nuestra Constitución Política establece que sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. ¿Por qué una actividad reservada al Gobierno Nacional se traslada a extranjeros con violación grave de nuestra Constitución?».
Carolina Carrillo, directora de la agremiación, manifestó que “el proyecto de Ley autoriza a los extranjeros fabricar, introducir y comercializar armas, letales y menos letales. Así como también, municiones y accesorios, lo que representa un evidente quebranto de nuestro estatuto supremo, así como un grave atentado a nuestra independencia y soberanía nacional”.
En ese sentido, ese gremio hizo un llamado al Congreso de la República para que elimine y archive esa propuesta.
Saavedra agregó que, “como gremio de la vigilancia, disentimos que el servicio de vigilancia sea prestado con armas traumáticas, porque expone la integridad y la vida de nuestros vigilantes. Si algo teme la delincuencia es que nuestros guardas, están capacitados y formados, en utilización de armas de fuego, lo que disminuye en gran medida la afectación a la vida y los bienes de personas protegidas”.
“Reafirmamos nuestro respaldo y compromiso con el Gobierno para que a través de la industria militar siga fabricando y comercializando las armas de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Seguiremos propendiendo de absoluta e inquebrantable por la intangibilidad de la soberanía e independencia nacional, así como por la defensa e integridad de nuestra Constitución Política”, concluyó.
