La Justicia boliviana sentenció a 25 años de cárcel a un hombre de 59 años acusado de violar y embarazar a su nieta, una menor de 15 años, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.
El hombre, identificado como Benito V.S., deberá cumplir la sentencia en la cárcel de Morros Blancos, en la región sureña de Tarija, indicó el fiscal Departamental del departamento vecino de Chuquisaca, Mauricio Nava, citado en un comunicado de prensa del Ministerio Público.
La Fiscalía presentó ante el tribunal pruebas como «el informe psicológico de la adolescente, declaraciones testificales, entrevista psicológica de la hermana menor de la víctima, examen médico que corrobora la gestación», entre otros, indicó Nava.
Por ello, el juzgado consideró que el hombre es autor del delito de «violación agravada».
El caso se presentó en el municipio chuquisaqueño de San Lucas y data de septiembre de 2020, cuando unos familiares de la adolescente llegaron de visita a su casa y como no había suficiente espacio para alojarles la enviaron a dormir al cuarto de su abuelo, quien aprovechó esto para abusar sexualmente de ella, según la Fiscalía.
La menor no denunció el suceso por miedo y las agresiones sexuales se repitieron en cuatro ocasiones, la última en noviembre de 2020 mientras el sujeto estaba en estado de ebriedad, explicó la fiscal del caso, Yhoanette Salazar.
Días después, la adolescente finalmente contó a sus padres sobre los abusos y también les dijo que estaba embarazada, ante lo cual se presentó una denuncia en la Defensoría de la Niñez y Adolescente, agregó.
El Ministerio Público no precisó qué ocurrió con el embarazo de la menor, ni cómo se encuentra actualmente.
El aborto en Bolivia tiene pena de cárcel salvo en casos de embarazos por violación sexual o si la vida de la mujer corre peligro, si bien para interrumpir la gestación se requería una orden judicial que podía demorar meses en salir.
En 2014 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que estableció que ya no se precisa esa autorización judicial y que basta con una copia simple de la denuncia de violación o un informe médico, según corresponda, para abortar.
Organizaciones feministas han protestado por los casos conocidos sobre todo en el último año de niñas víctimas de violación que quedaron embarazadas y que debieron llegar a término porque sus padres o tutores así lo decidieron.
Estas entidades reclaman que Bolivia tenga una ley sobre derechos sexuales y reproductivos para garantizar la salud y la vida de niñas y mujeres.
