Preocupado por darle curso a situaciones dolosas que en su momento afectaron notoriamente las arcas del Departamento, el gobernador Salomón Andrés Sanabria Chacón impartió instrucciones para que se averiguara por los hechos que ocurrieron en 2008, cuando el gobierno de entonces, celebró un convenio de cogestión bajo el numeral 001 del mismo año, con el Consorcio Vivienda Nueva para Casanare, cuyo objeto era la ejecución de subsidios de vivienda, en varios municipios del departamento.
En ese entonces, los recursos se manejaron por encargo fiduciario, a través de la Fiduciaria Central S.A.; no obstante, el contratista no cumplió con lo pactado en el contrato y en consecuencia, el departamento de Casanare inició demanda de controversias contractuales en su contra.
Así las cosas, se realizaron actuaciones administrativas para el reintegro de los recursos en las pasadas gestiones del Gobierno Departamental, pero lamentablemente no se consiguieron resultados positivos frente a este hecho.
Posteriormente, el Departamento, con el fin de materializar el proyecto, a través de la firma Construcciones MH SAS ejecutó los subsidios de vivienda, con el agravante que no se pudo pagar dicho contrato, porque los recursos seguían en poder de la fiduciaria.
Es así que la constructora Construcciones MH SAS termina demandando a la Administración Departamental y se inicia un proceso de reparación directa ante el Tribunal Administrativo de Casanare.
El Departamento diligentemente llama en garantía a la Fiduciaria Central S.A., con el fin que reintegren aproximadamente $7.000 millones, que terminarían siendo excedentes, después de honrar el compromiso con la empresa contratista.
Gracias a las indicaciones del gobierno actual de, se conminó al abogado Luis Robert Heredia, Jefe de la Oficina de la Defensa Judicial, para que iniciara un trámite de conciliación con la fiduciaria.
Es así como este lunes, 10 de febrero, se celebró reunión con la fiduciaria y después de analizar los acontecimientos y los procesos realizados hasta la fecha, se logró un acuerdo conciliatorio que beneficiará a la Gobernación de Casanare por las siguientes razones:
1) Resolverá una demanda contra la Gobernación de más de 10 años de disputa.
2) Se recuperarán recursos públicos para vivienda.
3) Se abre la posibilidad de realizar más de 200 nuevos mejoramientos de viviendas para familias casanareñas.
