La Justicia de Ecuador abrió una nueva indagación por supuesta corrupción contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que reside en Bélgica y ha evadido una condena a 8 años de prisión por otro caso de supuestos sobornos, que él niega.
La nueva investigación está relacionada con una supuesta trama de estafa por exportaciones ficticias a Venezuela en 2009, a través de un sistema de compensación comercial denominado «SUCRE».
El propio Correa, en su cuenta de Twitter, reveló la indagación tras una audiencia que tuvo lugar el miércoles en Quito, y en la que la Fiscalía informó de que se difería el proceso por pedido de la defensa de uno de los acusados.
«Me acaban de notificar con indagación previa del ‘caso SUCRE'», escribió Correa y calificó como «una cantinflada más (ya van 48) pagada por el pueblo ecuatoriano», señaló el exmandatario, en alusión a la decisión fiscal, a la que comparó con el lenguaje confuso y errático del comediante mexicano Cantinflas.
«La justicia ecuatoriana, un circo, miembros de la mayoría de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea (Parlamento), parte de los payasos», agregó de forma burlesca.
De su lado, la Fiscalía, en Twitter, informó que «por pedido de la defensa de uno de los procesados, se dilata reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio contra 31 personas naturales y 33 jurídicas por un presunto lavado de activos que involucra al ex Banco Territorial y el uso del sistema SUCRE».
Este caso se relaciona con una investigación impulsada por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, Fernando Villavicencio, acérrimo rival político de Correa, quien denunció un caso de lavado de dinero a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE)».
Ese sistema fue adoptado en 2009 y se basó en una estrategia de comercio virtual acogida por los países que entonces integraban la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA), liderada por el fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez.
Villavicencio, en su informe, concluyó que «el sistema SUCRE no aportó con dólares al Estado ecuatoriano, sino que permitió un mecanismo de lavado» de divisas.
Correa, por su parte, que es investigado también por otras causas, ha denunciado una persecución judicial (law fare) en su contra, por parte de supuestos grupos poderosos que, según ha dicho, buscan eliminarlo del escenario político nacional.
