El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró este lunes el estado de excepción por sesenta días en todo el territorio nacional ante el auge de la delincuencia y la inseguridad, y blindó a la fuerza pública (policías y militares) ante posibles demandas por ejercer sus funciones.
Según el mandatario, el «estado de excepción por grave conmoción interna» obedece al «aumento de la actividad delictiva», especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen.
Además, complementó su decisión con un mensaje a la nación, en el que anunció la creación de un «comité de defensa legal de la fuerza pública» encargada de defender a policías o militares que puedan ser demandados por ciudadanos en el marco de acciones de seguridad.
La medida excepcional «tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público», precisa el decreto ejecutivo.
La orden gubernamental se da en medio de una oleada de delitos, resonada por los medios de comunicación, que a diario informan sobre crímenes violentos, especialmente en la ciudad costera de Guayaquil y otras zonas vecinas.
Dicha medida busca evitar que bandas delincuenciales sigan ejerciendo control en diferentes zonas, además se endurecerán los operativos migratorios, ya que en la mayoría de denuncias sobre robos hay vinculados inmigrantes.
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