En un extenso informe, la organización Dejusticia reportó el incumplimiento de cinco órdenes que emitió la Corte Suprema hace más de dos años y medio de proteger la Amazonia colombiana.
«Hace dos años y medio, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión histórica: proteger a la Amazonia colombiana y ordenar al Gobierno crear mecanismos concretos para frenar la deforestación, enfrentar el cambio climático, y así salvaguardar a las generaciones futuras«, señaló Dejusticia.
Esa entidad destacó que «el fallo que llamó la atención de la comunidad internacional, se dio en respuesta a una tutela presentada por 25 niños, niñas y jóvenes de 17 ciudades del país (acompañados por Dejusticia) y se convirtió en la primera acción judicial de este tipo presentada en América Latina».
Dentro de las órdenes emitidas, asegura Dejusticia que todavía no se ha formulado un plan de acción para contrarrestar la deforestación en la Amazonia. Adicionalmente, los municipios de esta región no han implementado todavía un Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
De la misma forma, las CAR (autoridades ambientales) de la Amazona aún no tienen sus planes de acción para contrarrestar la deforestación.
Ante esa situación, Dejusticia lanzó una alerta sobre la manera cómo se está enfrentando la deforestación, vulnerando los derechos de los más pobres o de quienes siendo responsables por la tala de los bosques, son el eslabón más débil de la cadena. En ese sentido, indicaron que «las acciones para mitigar la deforestación pueden afectar los derechos humanos».
La organización manifestó su preocupación por «la desarticulación y la falta de voluntad de las entidades del Gobierno» a la hora de enfrentar uno de los problemas ambientales más graves del país.
«La más preocupante es la desarticulación institucional entre las distintas autoridades responsables del cumplimiento de las órdenes y del sector ambiental en general. Las entidades públicas involucradas argumentan falta de recursos financieros, humanos o técnicos disponibles. Sin embargo, no hay evidencia de gestión ante el Gobierno Nacional para mejorar la capacidad instalada o la articulación institucional», señaló esa organización.
Finalmente, Dejusticia dijo que «la desarticulación también es evidente en el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se refleja en la desconexión de los instrumentos de gestión y en las confusiones internas entre funcionarios de distintas entidades sobre el cumplimiento de la sentencia. Esto impide avances en el diseño, implementación y seguimiento de las acciones específicas de las órdenes de la Corte Suprema de Justicia».
