El presidente Gustavo Petro anunció que no delegará más funciones en las Comisiones Reguladoras de los servicios públicos domiciliarios y que él, de manera personal, asumirá el control y regulación de los mismos.
La decisión la tomó tras argumentar que las tarifas de algunos servicios como la energía están por las nubes y eso está perjudicando a la ciudadanía, sin que haya criterios suficientes para justificar tan elevados costos.
La decisión provocó controversia política. Sectores de la coalición aseguran que se trata de una decisión correcta, mientras que desde la oposición se afirma se está creando una completa inseguridad jurídica en el país.
El senador Iván Cepeda dijo que “es una decisión correcta la que toma el presidente al intervenir en la asignación de las tarifas del servicio de la energía eléctrica, puesto que las empresas que prestan este servicio, están abusando de los usuarios y consumidores”.
“No hay ninguna razón válida para que se mantengan altísimos precios que pagan los ciudadanos con relación a la energía eléctrica, sabiendo que no hay en este momento una sequía que haga que los embalses desciendan en su nivel y se produzca una crisis en el suministro”, manifestó.
Sin embargo, la senadora María Fernanda Cabal advierte que el presidente Petro está dejando varios vacíos legales con esta determinación.
“Esta decisión de Petro rompe el marco institucional al quitarle las funciones a la CREG, que es la entidad que por ley regula al sector energético del país. Esto crea un vacío legal por una decisión autoritaria de un presidente que atropella ese marco regulatorio existente y tira por la borda la seguridad jurídica del sector energético. Esto trae incertidumbre e inestabilidad para Colombia”, sostuvo.
El representante Wadith Manzur, del Partido Conservador, precisó que esa decisión es un error garrafal del presidente Petro y solicitó que más bien se fortalezcan las herramientas de la Superintendencia de Servicios Públicos.
“El único marco que hay que modificar de manera urgente es el de Aire y Afinia, el servicio de energía eléctrica de la Costa Atlántica, donde se le dieron concesiones enormes a estos operadores y están maltratando a nuestros usuarios. Invito al presidente Petro a que fortalezca la Superintendencia de Servicios Públicos y que nombre allí funcionarios que no tengan sesos políticos y que vigilen y sanciones a estos operadores”, sostuvo.
El senador David Luna aseguró que el presidente Petro quiere poner al país a hablar de otro tema, en medio de toda la polémica que se ha generado en torno a la gestión de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.
“El presidente Petro acude a su exitosa y peligrosa estrategia de la cortina de humo, distraer a la opinión pública, como sabe que su ministra de Minas está metida en un escándalo de altísimas proporciones, lanza una propuesta para hablar de servicios públicos y tarifas. Lo que pretende hacer al retomar competencias de las Comisiones Reguladoras es legal, pero no es técnico, por eso alerto de una posible debacle en el sistema energético”
Varios congresistas advierten que si bien las tarifas de los servicios deben bajar, dicho proceso debe cumplirse de forma técnica y no política.
