Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría General de la Nación sostuvo que los excombatientes de las Farc deberían reconocer que «existieron ordenes en las filas guerrilleras de matar a los secuestrados en caso de insubordinación e intentos de rescate”.
De acuerdo con la Procuraduría, los exguerrilleros, cuando estaban en las filas, “no tenían protocolos claros ni definidos que buscaran garantizar la vida por encima de cualquier otro propósito” de los secuestrados.
“La Procuraduría evidenció una constante ausencia de responsabilidad en hechos en los que los comparecientes participaron de forma directa”, cuestionó el procurador delegado con funciones de coordinación e intervención ante la JEP, Jairo Acosta.
En medio de la audiencia por el capítulo de ‘toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, el procurador señaló que “hubo escasa prevención, control, seguimiento y sanciones dentro de las Farc-EP, para quienes incurrieron en conductas como violencia sexual, tortura, coacción, vejámenes, trabajos forzados, mediatización humana, despojos, desapariciones forzadas, delitos que tienen carácter permanente como los secuestros”.
El procurador también cuestionó la forma como los exguerrilleros y exmiembros del Secretariado de las Farc se han responsabilizado de los hechos ocurridos durante más de 50 años de violencia.
“La Procuraduría cuestiona y considera problemática la manera como se les exigió a los comparecientes la aceptación de responsabilidad por parte de la JEP, en la que solo reconocen la responsabilidad de la organización, teniendo la oportunidad de disolver su participación individual y directa en casos concretos”, advirtió el delegado del Ministerio Público.
La Procuraduría hizo un llamado a los exmiembros de las Farc para que continúen con su compromiso de reconocimiento y verdad para las víctimas.
“Con relación a las antiguas Farc-EP, insistió en la necesidad de profundizar en los avances de los planes humanitarios de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, en los cuales se establezcan zonas a intervenir, fechas y metas en tiempos definidos para realizar estricto seguimiento y lograr los objetivos”, puntualizó la Procuraduría a través de un comunicado sobre la audiencia.
