El abogado Mauricio Pava, defensor del precandidato presidencial Sergio Fajardo, aseguró que su cliente seguirá siendo aspirante a la primera magistratura, hasta tanto el Consejo de Estado revise la legalidad del fallo de responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos, por las irregularidades que enmarcaron la puesta en marcha del proyecto Hidroituango, emitido por la Contraloría General de la República.
En diálogo con RCN Radio, el jurista explicó que los derechos políticos que tiene Fajardo, como colombiano, no se han perdido y que su aspiración presidencial sigue más viva que nunca.
«Legalmente puede seguir siendo candidato presidencial porque no hay nada que lo impida, esta es la etapa número uno de cuatro en el camino legal que Sergio Fajardo ha estado recorriendo, no sólo en esto, sino en todos los asuntos que han implicado su candidatura presidencial y su participación en el proceso democrático», sostuvo.
También agregó que la decisión del órgano de control no restringe la posibilidad de que Fajardo se presente a los comicios presidenciales de 2022.
«Una autoridad administrativa no puede inhabilitar políticamente a un ciudadano en Colombia para cargos de elección popular, es un compromiso del Estado colombiano y de todos los países que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos pero específicamente frente a Colombia, hay un fallo muy conocido que así lo dispuso», señaló.
Pava recordó el proceso judicial de Leopoldo López Vs Venezuela y dijo que «eso es porque el sistema interamericano sabe que las autoridades administrativas no son jueces y términos judiciales, y en muchas ocasiones no se comportan como jueces, por lo que es algo que nosotros hemos advertido desde hace bastante tiempo, porque el Contralor y los delegados así lo indicaron desde el principio, que este iba a ser un fallo de responsabilidad y ahora pasamos automáticamente frente a los jueces y de una manera u otra hasta que el Consejo de Estado no revise la legalidad de lo que la Contraloría prejuzgó, el fallo no tiene efectos legales frente a los derechos políticos de Sergio Fajardo».
El defensor del también exgobernador de Antioquia hizo fuertes críticas a la Contraloría General de la República e indicó que ningún servidor público esta por encima de la ley.
También dijo que no comprende cómo se emitió un fallo en dos días cuando el expediente tiene por lo menos 5.000 páginas y 26 apelaciones, y señaló que aunque parece un mal chiste, así ocurrió y no lo es.
«Yo creo que las se democracias se afectan cuando las instituciones, no tienen controles efectivos, cuando los servidores sienten que están por encima de la fiscalización que tienen un poder absoluto; la legitimidad de la instituciones depende de los procesos justos, entonces los fallos y las actuaciones deben corresponder no sólo a realidades y condiciones jurídicas y de defensa sino también incluso a las apariencias porque también importan», afirmó.
En el fallo de segunda instancia, el órgano de control fiscal concluyó que la responsabilidad de 26 funcionarios y contratistas por los daños generados, los retrasos y los sobrecostos injustificados dentro del mega proyecto.
Según la Contraloría General, se ha presentado una «destrucción del valor presente neto» del proyecto por 3.1 billones de pesos y se originó «un lucro cesante superior a los 1.1 billones de pesos».
En ese sentido, el abogado Pava dijo que, «yo creo que para nadie es razonable que en dos días se resuelva un recurso de un estudio que implicaba 5.000 páginas, 26 apelaciones (…), si esto no fuera tan serio y tan delicado y tan importante para una sociedad sería como ‘un mal chiste’, que no lo es, entonces creo que tenemos que volver muy vigoroso el Estado de derecho y eso afortunadamente nuestro país lo hacen todos los días las cortes».
También señaló que este es un buen ejemplo para que los líderes de órganos de control y fiscalización no caigan en la tentación de asumir posiciones en medios de comunicación y posteriormente querer ser vistos como jueces cuando no lo son.
«Esta es aparte de todo una gran oportunidad para que personas que rigen entidades como la Contraloría no sedan ante las tentaciones de salir al debate público, a las agendas públicas y que se comporten como jueces si quieren ser jueces, todo esto será hablado y revisado con seguridad por el Consejo de Estado», dijo.
El abogado de Sergio Fajardo señaló que es importante este momento jurídico porque ahora será el Consejo de Estado el que se pronuncie sobre este caso e indicó que podría tardarse entre seis y siete meses, el estudio del fallo y la nueva decisión que podría confirmar o revocar la decisión de la Contraloría General.
