La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, considera que existen «fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, informó el tribunal en un comunicado.
Bensouda comunicó esta conclusión a su homólogo venezolano, Tarek William Saab, en una reunión mantenida el miércoles en la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en la ciudad neerlandesa de La Haya.
El tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
La Fiscalía de la CPI ha solicitado a Venezuela información sobre «los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma», la carta fundacional de la corte internacional.
Este requerimiento de información significa que «el informe preliminar se encuentra en una fase final importante, la de admisibilidad», dijo una fuente del tribunal.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los hechos investigados.
Si la Fiscalía del tribunal internacional considera que esas investigaciones no son genuinas y los hechos denunciados son lo suficientemente graves, el examen preliminar pasaría a ser una investigación formal.
En esa eventual fase, los investigadores de la CPI podrían trasladarse a Venezuela para ampliar las pesquisas o solicitar a los jueces la emisión de órdenes de arresto.
En la reunión entre las autoridades venezolanas y la Fiscalía de la CPI, el Defensor del Pueblo venezolano, Alfredo Ruiz, explicó cómo funciona el sistema judicial de su país y el trabajo que hace su oficina.
Las autoridades del país «aseguraron su disposición a cooperar» con el tribunal, indicó el comunicado de la corte, razón por la cual el fiscal Tarek William Saab invitó a Bensouda a visitar Venezuela.
Al examen preliminar de 2018 se le añadió en febrero de 2020 un informe emitido por Caracas en el que se asegura que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en su contra son crímenes de lesa humanidad.
Bensouda dijo a su homólogo venezolano que desde su oficina se está estudiando determinar «si existe una base razonable para creer que la presunta conducta (de Estados Unidos) es competencia de la corte».
