La Fiscalía solicitó a un juez de control de garantías de Bogotá dictar medida de aseguramiento y enviar a prisión al exembajador Luis Alfonso Hoyos, por sus supuestos nexos irregulares con el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda.
Según el fiscal del Grupo de Tareas Especiales, Daniel Hernández, la medida es razonable, necesaria y adecuada atendiendo la gravedad de los delitos como concierto para delinquir, espionaje, cohecho por dar u ofrecer, entre otros cargos imputados a Hoyos, quien fue el asesor espiritual de la campaña presidencial por el Centro Democrático de Óscar Iván Zuluaga.
El fiscal especializado dijo que dentro de las pruebas que presuntamente involucran a Hoyos se encuentra la propia declaración de Sepúlveda, condenado a 10 años de prisión por tratar de sabotear el proceso de paz y todos los elementos que le fueron incautados el pasado 5 y 6 de mayo al ‘hacker’.
En varios de los equipos decomisados por la Fiscalía se descubrieron más de 102 mil documentos con información catalogada por los organismos de inteligencia como ultra secreta, de orden política y militar.
La audiencia pública de solicitud de medida de aseguramiento se adelantó sin la presencia de Hoyos, en calidad de persona ausente, debido a que al parecer se encontraría en los Estados Unidos, luego del proceso que le inició la Fiscalía.
“Estas personas se reunieron para generar actividades delictivas con el fin de acabar con el proceso de paz de La Habana“, según lo declarado en su momento ante la Fiscalía por el hacker Sepúlveda.
La Fiscalía también citó como testigo para este caso a Lina Luna Rodríguez, esposa del ‘hacker’, quien manifestó que desde diciembre de 2013 sí se presentaron varias reuniones entre Sepúlveda y Luis Alfonso Hoyos.
Otras de las evidencias aportadas por la Fiscalía para comprobar que Hoyos sí se reunió en repetidas ocasiones con Sepúlveda fueron las declaraciones rendidas que señalan a Luis Carlos Sepúlveda, hermano del hacker, Óscar Iván Zuluga excandidato presidencial, y su hijo y gerente de su campaña David Zuluaga Martínez.
Según el fiscal del caso, con estas reuniones se confirma que existió una relación contractual, por lo menos verbal, por un valor de 230 millones de pesos que para los investigadores genera suspicacia el que no se haya realizado nunca un contrato por escrito por los servicios prestados por el hacker.
Otras de las pruebas son dos bases de datos con información reservada que fueron compradas en su momento por un valor de 8 millones de pesos por parte del hacker, previo aval supuestamente de Hoyos, a dos funcionarios públicos que hoy en día están condenados por estos hechos como son los agentes de inteligencia de la Policía y del Ejército Wilson Torres Wilches y Luis Alberto Moreno Montes.
De avalar el juez esta medida de aseguramiento la Fiscalía procederá a solicitar ante la Interpol el correspondiente trámite para una eventual orden de captura internacional en contra de Hoyos.
