La reciente orden judicial que dejó en libertad a John Jairo Torres Torres, actual alcalde de Yopal por un presunto vencimiento de términos, motivó la carta del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, en la que pide investigar las actuaciones surtidas en el desarrollo del proceso penal.
En la misiva dirigida a Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General expresa su preocupación por las decisiones tomadas y otras irregularidades detectadas. Además, de no haberse tenido en cuenta que la persona beneficiada con la libertad está condenada por el delito de urbanización ilegal y enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Me dirijo a usted, con el objetivo de que la Corporación que preside considere estos hechos e investigue la conducta en la que pudieron incurrir abogados y jueces dentro de esa actuación judicial” resalta la carta.
Las siguientes son las anomalías encontradas por la Fiscalía General de la Nación y que pide ser revisadas.
- La defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado por existir dos procesos que avanzaban paralelamente por los mismos hechos. El juez de instancia concedió la nulidad sin explicación razonable y desconoció la jurisprudencia al respecto que, ante estas situaciones, no reconoce nulidad y señala que procede la conexidad procesal o el archivo de la investigación menos adelantada.
- Iván de Jesús Dueñas García, Juez Único del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), quien tomó la decisión de nulidad, según registros del sistema de información de la Fiscalía (SPOA), fue condenado el 28 de mayo de 2015, por el delito de prevaricato al favorecer con una petición de libertad al exalcalde de Aguazul (Casanare). La Condena contra el Juez está confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
- La nulidad otorgada a John Jairo Torres Torres fue revocada por el Tribunal Superior de Yopal el 25 de enero de 2017. Solo hasta el 7 de abril del mismo año se fijó la continuación de la audiencia de acusación. Así que se perdieron 102 días en el proceso, tiempo que contribuyó al vencimiento de términos.
- La defensa del alcalde de Yopal renunció a la representación del procesado e impidió cumplir con la audiencia preparatoria programada para el 9 de junio de 2017. Llama la atención que cuatro días antes, es decir, el 5 de junio de 2017, un abogado acudió a un juez para pedir la libertad del señor Torres Torres. Así que: “hubo representación para solicitudes de libertad, pero no para avanzar en el proceso”.
El Fiscal General de la Nación pide que la justicia actúe para controlar los actos de dilación conscientes y que exceden cualquier límite de interpretación. “… es imprescindible que se fortalezca la capacidad de gestión de la administración de justicia, pues no es posible que un caso, con la trascendencia como el que se expone, tome tanto tiempo la fijación de audiencias” concluye el texto.
