Durante rueda de prensa virtual, la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía, dieron a conocer conjuntamente los avances de acciones de seguimiento a contratación de programas y servicios, para superar la emergencia sanitaria por COVID-19.
Según el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 gobernadores:
1. San Andrés Islas, Everth Hawkins.
2. Arauca, José Facundo Castillo.
3. Guaviare, Heydeer Palacio.
Así mismo, resaltó que existen indagaciones contra 14 gobernadores, entre ellos están: Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Guaviare (dos casos), Vichada (dos casos); y Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés (con un caso respectivamente).
Frente a estos casos, la Fiscalía tomará decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento contra algunos mandatarios departamentales y municipales, por conductas penales atinentes a la corrupción.
Es de agregar que según el ente acusador, se han verificado más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, además de realizar 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplir con 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.
De otra parte, el Contralor General de la República, Felipe Córdoba informó: «Hemos estimado sobrecostos por 420 mil millones de pesos. Se han contratado 3.1 billones de pesos, 2.1 que se han distribuido para insumos médicos y otro billón de pesos para la contratación de personal por prestación de servicios. Estamos atacando las corruptelas que existen en el país. Estamos comprometidos en la lucha contra este flagelo”.
Finalmente, el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo, manifestó: «Se ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de derechos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos».
