Luego de la polémica que generó un par de decretos presidenciales que aumentaron los salarios de los empleados de planta del Congreso de la República como de los congresistas respectivamente, el Gobierno Nacional salió al paso y aseguró que dichos aumentos salariales son constitucionales y fueron menores al incremento del salario mínimo puesto que corresponden al año 2020 y no al 2021.
Según el Ministerio de Hacienda «el aumento del salario mínimo para 2020 fue de 6%, mientras que el de los empleados públicos y congresistas es del 5,1%» y «Normalmente, el aumento de los salarios de congresistas y empleados del Congreso se hace en el último trimestre del año y no al principio como a los funcionarios públicos».
A través de un comunicado la cartera de Hacienda defendió la legalidad y constitucionalidad de los decretos presidenciales y aseguró que cumplen con todos los requisitos de la Constitución y de la Ley y que además están vigilados por todos los organismos de control.
«La Contraloría General de la República certificó el promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central nacional, para la vigencia fiscal respectiva» dice parte de la comunicación expedida por el Ministerio de Hacienda.
Por otra parte, también asegura que «este incremento debía hacerse antes de que el año se acabara, cumpliendo lo establecido en la Ley y en la Constitución Política», sin embargo algunos críticos de la medida han calificado estas explicaciones del gobierno como «tecnisismos», mientras que otros sectores han exigido que el incrementó para el salario mínimo del 2021 sea igual o superior al 5.1%.