El alto Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, anunció que el Gobierno le ha puesto una fecha límite a los exintegrantes de las antiguas Farc, para que entreguen los bienes que servirán para reparar a las víctimas.
Con la firma del acuerdo con el gobierno, el hoy partido político, en su momento señaló que los bienes inventariados tendrían un valor cercano a los $500 mil millones, de los cuales a la fecha sólo se han monetizado $3 mil millones.
«La reparación a las víctimas es una prioridad para este Gobierno y por eso para lograr que se cumpla con la obligación que tiene la antigua guerrilla de las Farc, de entregar los bienes inventariados, hemos señalado el 31 de julio de 2020 como fecha límite», reveló Archila.
El decreto, por medio del cual se estableció la medida indica que, «vencido este plazo, la entidad designada para realizar la recepción, verificación, custodia y administración de los bienes inventariados, informará el resultado de la entrega voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) para lo de sus competencias».
De acuerdo con Archila, «en su momento, según revelaron las Farc, fueron cerca de $500 mil millones (bienes que pueden ser monetizados), los que se comprometieron a entregar y de esos, solo se han recibido un poco más de $3 mil millones de pesos».
La fecha, que fue determinada mediante el Decreto 205 publicado este 12 de febrero, no es negociable, según advirtió el Alto Consejero.
«Nosotros tenemos poca o ninguna intención de negociar esa fecha, creemos que es razonable, es un plazo que se había dado a conocer. Ya llevamos tres años de este proceso», resaltó Archila.
El decreto también establece que los delegados para la verificación de este proceso, se reunirán bimestralmente.
Esta Comisión transitoria está integrada por delegados de los Ministerios del Interior, Justicia, Defensa, Agricultura, del DAPRE, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Alto Consejero para la Estabilización y Consolidación, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
