El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; y la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, firmaron el decreto mediante el cual se adopta la política pública de atención al posegreso, una iniciativa orientada a brindar nuevas oportunidades a las personas privadas de la libertad que han cumplido su condena.
Esta política, construida sobre los principios de igualdad, no discriminación y reinserción social, establece la creación de casas de acogimiento, centros donde las personas que han recuperado su libertad –incluyendo quienes hayan estado en prisión domiciliaria o medidas no privativas de la libertad– podrán recibir orientación jurídica, acompañamiento psicosocial, apoyo a emprendimientos, capacitación laboral y acceso facilitado a los servicios del Estado.
«Este decreto se puede ir fortaleciendo en la medida en que una persona que pasa por un centro de reclusión se convierte en un constructor, actor y líder de su propia sociedad después de cumplir su condena; no en un rechazado, no en un marginado o discriminado. Lo que se trata de hacer aquí es que esto se convierta, no en un centro de castigo, sino en un centro de educación y producción”, dijo el presidente Gustavo Petro Urrego.
Por su parte, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela Buitrago, indicó: “Estamos apostándole a un modelo que significa adquisición de conocimientos, resocialización y preparación para la libertad. Esto rompe las barreras y constituye un paso fundamental para decirle a la sociedad que vuelva a recibir a las personas que ya resocializadas que han aceptado sus errores, quieren cambiar y esperan otra oportunidad”.
El Ministerio de Justicia y del Derecho asumirá un rol central en la implementación de esta política, incluyendo la expedición de los lineamientos operativos, la articulación interinstitucional, el uso de plataformas digitales para ampliar el acceso a los servicios, la promoción de campañas de sensibilización contra la estigmatización, así como el diseño de estrategias de socialización para las personas en proceso de excarcelación. Además, coordinará con el INPEC y entidades territoriales para garantizar una cobertura efectiva y sostenida del servicio de atención al posegreso.
Las casas de acogimiento funcionarán bajo distintas modalidades, entre ellas el fortalecimiento del Programa Casa Libertad, la implementación de servicios en casas de justicia y centros de convivencia ciudadana, y la articulación con organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio de Justicia y el INPEC coordinarán su operación y expansión, garantizando enfoques diferenciales y de género.
Asimismo, el decreto establece mecanismos para asegurar la evaluación de la política pública y la creación de campañas de sensibilización contra la estigmatización, que inviten a la sociedad a acoger nuevamente a estas personas como ciudadanos plenos con derechos y capacidades.
