El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió el incumplimiento del Gobierno Nacional a la sentencia que protege los derechos fundamentales a la salud, el acceso al agua y la seguridad alimentaria de los niños y niñas del pueblo Wayúu.
El funcionario puso en conocimiento de la Corte Constitucional y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, la falta de compromiso del Gobierno en cumplir los fallos de la justicia, además de rechazar los plazos que se han entregado en ese sentido.
“Estamos en desacuerdo con el otorgamiento de un nuevo plazo para la ejecución de las órdenes, ante la falta de políticas públicas eficaces y el poco avance en el proceso de diálogo con las comunidades”, indicó.
A través de una carta enviada a la Corte y a la Sala Civil del tribunal, esa entidad confirmó su preocupación por la falta de atención a estas comunidades.
«Los resultados de los intentos para construir los indicadores de medición cumpliendo las condiciones exigidas por la Corte Constitucional… no pueden ser aceptados pues reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos años y medio de notificada la sentencia, mientras las consecuencias de estos intentos se miden en pérdidas de vidas humanas de los niños Wayúu«, precisó.
En el documento, el funcionario señaló que de acuerdo a la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Salud (INS), en La Guajira han fallecido 30 niños menores de 5 años por desnutrición o causas asociadas, mientras que en Atlántico y Cesar se reportaron 9 y 8 fallecimientos respectivamente.
Carrillo dijo que «se evidencia la abismal diferencia entre los eventos de mortalidad que se presentan en La Guajira frente a los demás departamentos”.
El procurador cuestionó que dos años después del fallo de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucional, no se hicieran las gestiones necesarias para superar esta problemática.
“El plazo otorgado a nuestro juicio ha sido suficiente para que el Gobierno articule propuestas con el enfoque étnico diferencial requerido, producto de un proceso legítimo de consulta con las comunidades», subrayó.
Agregó que «después de dos años y medio de notificada la sentencia, el Gobierno nacional aún no cuenta con una línea base, desconoce la forma de implementar en el territorio su oferta institucional y no cuenta con sistemas de información que le permitan identificar la población objeto de atención”.
Agregó que también se carece de esta información, lo que hace imposible adoptar políticas públicas eficaces.
“El Gobierno no ha logrado coordinar un plan integral y concreto de acción que permita superar la crisis, no ha garantizado un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo wayúu, ni cuenta con personal capacitado y conocedor de sus usos y costumbres”, afirmó.
Carrillo dijo que desde esa entidad se han generado espacios de interlocución con las comunidades, audiencias de seguimiento e informes al Tribunal Superior de Riohacha, sobre el estado del cumplimiento de la sentencia.
Subrayó que se ha realizado un acompañamiento a consultas previas, vigilancia a procesos de contratación en la región, e intervención en 16 tutelas accionadas por miembros de las comunidades wayúu o en representación de estas, para reclamar el acceso a la seguridad alimentaria, el agua y la salud.
