Una fuerte polémica estalló en el país por cuenta de un decreto que expidió el presidente Iván Duque el pasado 24 de diciembre, a través del cual se establecen 1.208 cargos en la Procuraduría General de la Nación.
Miembros de la oposición advirtieron que se trata de una maniobra por parte del Gobierno para repartir mermelada en plena época electoral.
“Este Gobierno solo aplica la austeridad para recortar las políticas sociales, pero cuando se trata de ampliar la burocracia en una época electoral es totalmente flexible y generoso. Esta ampliación sustancial de los cargos en la Procuraduría General de la Nación la denunciamos oportunamente y muestra como el Gobierno está tejiendo una estructura clientelar para las elecciones de 2022”, dijo el senador Iván Cepeda.
Sin embargo, el ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que este decreto fue expedido en virtud de una ley que aprobó el Congreso de la República con la cual se reformó el Código Disciplinario y se estableció una reestructuración del Ministerio Público.
Según Palacios, dicho revolcón en varios de los cargos de la Procuraduría, son para cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, en cuanto a la investigación y sanción de algunos funcionarios del Estado.
“Eso hace parte de la modificación al Código Disciplinario, fue una ley que se aprobó alrededor de hace cuatro meses y en esa ley hay una reestructuración de la Procuraduría, estableciendo esa doble instancia en esa entidad como se pidió en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se advierte que debe haber una parte que investiga y otra parte que imparte la sanción, por eso está incluida la reestructuración de la Procuraduría”, explicó.
En su momento, la procuradora general, Margarita Cabello, desmintió que esta reestructuración sea para generar más burocracia dentro de la entidad. “No es cierto que se vayan a crear miles de cargos en la Procuraduría y mucho menos que se le vaya a entregar burocracia a la Procuraduría”, dijo.
La procuradora Cabello había explicado que la separación de funciones entre quienes hacen la investigación y el juzgamiento disciplinario requería de esta reestructuración, que podría implicar un pequeño aumento en la planta de personal.
