El ministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que el Gobierno Nacional suspendió la orden de cese el fuego bilateral con el ELN, luego que esa guerrilla señalara que esa solo era una propuesta.
Prada indicó que el Gobierno llevará esa propuesta al segundo ciclo de conversaciones, que se desarrollaría a finales de este mes en México.
El ministro del Interior explicó que de la declaratoria del cese el fuego con el ELN había sido una respuesta a la misma medida que tomó de forma unilateral esa guerrilla, a finales del año pasado.
«Esperamos que dicho cese se pueda retomar en el siguiente ciclo de diálogos con esa guerrilla”, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, en su intervención ante los medios de comunicación.
Prada aseguró que «el 19 de diciembre y luego de declarar cese unilateral por parte de esta organización, pidieron que el Gobierno Nacional actuara en concordancia con su voluntad de paz y estudiara la posibilidad de un cese bilateral».
Agregó que «bajo ese entendimiento, el Gobierno de Colombia decretó el cese bilateral. Sin embargo, ante la posición asumida públicamente el día de ayer según la cual se debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular».
El ministro del Interior indicó que «dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico- territoriales y campesinas, a mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios.
Aseguró que el decreto sobre el cese el fuego bilateral se mantiene con la ‘Segunda Marquetalia’, el ‘Estado Mayor Central’, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN), grupos con los que se están acordando los protocolos de verificación.
«El cese bilateral es una respuesta principalmente a las comunidades y organizaciones sociales que piden la paz en el territorio… esta decisión es respaldada por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), por la Conferencia Episcopal Colombiana, por la Defensoría del Pueblo, el Consejo Mundial de Iglesias y por la Comunidad Internacional», dijo.
Agregó que, «el Estado Mayor Central FARC-EP está comprometido con el cese bilateral decretado por el Gobierno Nacional y avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días».
Entre tanto, indicó que «El grupo Farc- EP Segunda Marquetalia ha manifestado su compromiso con la construcción de la paz y por eso, como estaba previsto, se realizarán reuniones de los mandos de esta organización, para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz».
Prada agregó que «las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada ratifican su compromiso con el cese bilateral. Con estos grupos se iniciarán los espacios de diálogo sociales y jurídicos en los términos previstos en la ley 2272 de 2022».
El ministro del Interior destacó la voluntad de paz que tienen varias organizaciones al margen de la ley que delinquen en otras regiones del país.
«El Gobierno valora muy positivamente la voluntad de paz urbana de los grupos que operan en Buenaventura, Quibdó, Barranquilla, Medellín y el área metropolitana, Tumaco, Cali y Tuluá, con los cuales se han adelantado acuerdos básicos de respeto a la vida y se desarrollarán mecanismos para la transición hacia el Estado de Derecho», precisó.
Actuación de Fuerzas Militares y de Policía
El ministro Alfonso Prada aclaró que la fuerza pública seguirá garantizando la seguridad de los colombianos en los territorios. “La suspensión de operaciones militares y operativos policiales, se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública, de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de libertades públicas”.
